Radio América. La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, condena la muerte violenta de la Fiscal del Ministerio Público Karen Almendares, que se agrega a una larga lista de unos 200 profesionales del derecho que perdieron la vida en igual circunstancia y cuyos crímenes se mantienen impunes en más del 90% de los casos registrados desde el año 2004.
A través de un comunicado, la -Defensora del Pueblo- reconoció que, si bien los abogados cumplen una función esencial en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho, es evidente que, en los últimos años, el ejercicio de esta profesión se ha convertido en una labor de alto riesgo para quienes la ejercen.
Registros del CONADEH indican que desde el año 2004 a la fecha, alrededor de 200 profesionales del derecho han perdido la vida en circunstancias violentas. Se estima que el 18% de las víctimas son mujeres.
En lo que va del año 2022, al menos tres abogados han muerto en esas circunstancias, entre ellos el caso de la Fiscal del Ministerio Público, Karen Almendares, ultimada el pasado 27 de mayo.
Las diligencias preliminares, realizadas por el CONADEH, indican que la víctima presentaba herida de arma de fuego y que su cuerpo fue encontrado, sin vida, en horas de la noche, en el porche de su vivienda localizada en el Barrio El Chagüite, Nacaome, Valle, a unos 200 metros de la Carretera Panamericana.
La Defensora de los Derechos Humanos expresó que, el crimen cometido contra la Fiscal del Ministerio Público, Karen Almendares, refleja la situación general de inseguridad pública que se vive en el país, de la cual no están a salvo ni las mismas autoridades que luchan por combatirlo.
“Nos solidarizamos con la familia doliente y urgimos de las autoridades competentes actuar con prontitud, firmeza y diligencia en la investigación del caso hasta identificar y castigar con todo el peso de la ley al o los responsables de este crimen abominable”, comentó.
De los registros del CONADEH se desprende que al menos, 14 departamentos del país han sido escenario de muertes violentas de abogados, sin embargo, el mayor riesgo se presenta en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán que registran el 70% de los casos.
Nos preocupa que la impunidad sigue siendo un enorme problema de país, que es más evidente cuando se violenta el derecho a la vida, dijo Blanca Izaguirre.
Se estima que más del 90% de los crímenes cometidos contra miembros del gremio de los abogados quedan impunes por falta de una investigación diligente, eficaz y científica.
Otros de los hallazgos revelados por el CONADEH es que, entre los profesionales del derecho fallecidos, desde el 2004 a la fecha, figuran especialistas en derecho penal, derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras.
Además, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, asesores legales de sindicatos, de instituciones bancarias, instituciones del Estado, de organizaciones campesinas, ex operadores de justicia y otros que combinaban su profesión con otras actividades empresariales y religiosas.
También se detalla que la mayor parte de las víctimas fueron ejecutadas en el interior de sus vehículos, en algunos casos en compañía de sus hijos, esposa, de su trabajadora, de su conductor, de amigos e incluso de sus clientes. Otros, fueron ultimados en su bufete, en su vivienda o a pocos pasos de la misma y en la vía pública.
Estado hondureño obligado a dar protección
La titular del CONADEH indicó que el Estado hondureño está en la obligación de garantizar que los abogados del país desempeñen sus funciones profesionales sin ningún tipo de intimidación.
Además, que se les debe brindar la debida protección a los abogados y su familia, principalmente cuando su integridad física y la vida, están en riesgo como producto del ejercicio de su profesión.
Consideró que, es impostergable que el Estado hondureño, a través de las autoridades encargadas de la seguridad en el país, utilicen los recursos legales a su alcance para proteger el derecho a la vida de los habitantes.
También les instó a fortalecer la investigación y que exista una mejor coordinación entre los operadores de justicia para poner un alto a la impunidad que prevalece en el país.
Fuente CONADEH
