El Congreso Nacional recibió este miércoles la solicitud para que se derogue el decreto 92-2021, mismo que es una reforma al Código Penal en la que agravaron las penas por usurpación con el fin de criminalizar a los defensores de la tierra.
La Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, encabezada por el congresista Ramón Barrios, fue la encargada de recibir esta solicitud, presentada por los Comunitarios de Namasigüe, Choluteca; Comunitarios de Zacate Grande, Valle; y Oficiales Jurídicos de la Red de Abogados Defensores de los Derechos Humanos, quienes aseguran ser criminalizados por defender sus tierras de grandes empresarios del país.
Según los pobladores, son más de 7 mil hondureños afectados
“Para la Comisión, es emblemático la problemática de la criminalización de los defensores de los bienes nacionales, de los espacios públicos. Los hemos escuchado e inclusive vamos a ir al sitio donde ellos tienen la problemática”, anunció el congresista Ramón Barrios.
Por su parte, la abogada Denia Castillo, integrante de la Red de Abogados Defensores de los Derechos Humanos, asegura que el decreto 93-2021 está orientado a anular y aniquilar a los defensores de los territorios.
“Es un decreto en el que el delito de usurpación ha sido agravado (figura legal utilizada para acusar a los defensores de la tierra) en el nuevo Código Penal la pena era de 2 a 4 años, pero con la aprobación del decreto 93-2021 pasó de 6 a 10 años”, denunció la abogada.
El presidente de la Comisión, Ramón Barrios, también denunció que el delito de usurpación se lo aplican no solo a los defensores de Zacate Grande, si no, a todos los que defienden la tierra en el país, “un 90% de los pobres que defienden sus tierras, son acusados de usurpación”, reclamó el congresista.
Información: Héctor Murillo
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