Radio América. A criterio del exfiscal del Ministerio Público, Jari Dixon, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe tener un reconocimiento de la sentencia de solicitud de confiscación de bienes contra el exdiputado Juan Antonio “Tony” Hernández para que se haga efectiva.
Sus declaraciones surgen luego de que este día se emitiera un escrito a pocas horas de conocerse la sentencia de individualización de pena contra el hermano del mandatario hondureño condenado en octubre de 2019 por narcotráfico.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, ordenó en las últimas horas la confiscación de todos los bienes de “Tony” y sus testaferros que ascienden a un aproximado de 138.5 millones de dólares.
La orden obliga al Estado de Honduras a proceder de inmediato después de dictada la sentencia programada para este martes 30 de marzo en horas de la tarde.
A estas sentencias emitidas en gobiernos extranjeros se le llama «auto pareatis», inició diciendo el profesional del derecho.
“La justicia hondureña tendrá que reconocer la sentencia emitida por la Corte de Nueva York para que los efectos se hagan sentir en Honduras”, detalló el abogado Dixon.
En ese sentido, manifestó, tendrá que haber “un reconocimiento de la Corte Suprema de Justicia de Honduras”.
Llama la atención, dijo, que se hable de testaferrato en los bienes que ostentan terceras personas cercanas al exparlamentario.
El trámite a seguir, indicó, deberá ser mediante el Poder Judicial en contacto con la embajada estadounidense en Tegucigalpa. Por tanto, será la CSJ la que emita la resolución dándole valor a la sentencia emitida por la Fiscalía neoyorquina.
La gestión no inhibe al juez que conocer el caso para que al condenado se le pueda imponer la pena mínima o de perpetuidad, concluyó.
