Radio América. Debido a proyectos realizados en 1999 y demandados a nivel internacional en 2007, se ha puesto a prueba la efectividad del Poder Judicial de Honduras y de la Procuraduría General de la República (PGR), en 2023.
En una improvisada conferencia de prensa, la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, el titular de la Procuraduría General de la República, Antonio Díaz Galeas y el secretario de Prensa de Casa Presidencial, Ivis Alvarado, denunciaron la semana pasada que la Corte Suprema de Justicia, embargó una cuenta en el Banco Central por 3,000 millones de lempiras.
«Asumimos desde la Secretaría de Finanzas efectivamente nuestro deber patriótico de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago de las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando al Poder Judicial”, denunció Moncada en la conferencia.
Por su parte el procurador Díaz Galeas, denunció una «red de corrupción público-privada que opera en Honduras, y que utiliza el sector justicia, condenando al Estado al embargo producto de una demanda que fue desestimada en una Corte Federal de Washington, Estados Unidos».
Díaz Galeas solicitó al Ministerio Público que proceda contra la supuesta red nacional e internacional, «que pretende dejar al Estado insolvente y sin posibilidad de cubrir las obligaciones de pago que corresponde a la planilla de presupuesto”, expresó.
RECURSO
Un par de horas después, el Poder Judicial informó que la PGR no interpuso un «recurso de apelación, aceptando de esta manera los actos de la demanda». Agregaron en el comunicado que la ejecución forzosa por el orden de 2,600 millones de lempiras, «ha seguido de manera adecuada la tramitación del expediente en cada una de las instancias jurisdiccionales».
Ese Poder del Estado señaló que el mecanismo de defensa que usa el Gobierno, es para «tratar de justificar los yerros cometidos por la PGR». Agregaron que aunque la PGR presentó el escrito de oposición a la resolución del Juez de Letras que manda la ejecución del embargo, «el representante de esta institución no compareció a la correspondiente Audiencia, misma que fue reprogramada por el Juez en tres ocasiones, sin acreditar las razones de la incomparecencia».
«Consideramos sumamente desafortunados los criterios planteados en la denuncia pública encaminada a manchar esta gestión de la Corte Suprema de Justicia con sus epitetos sin fundamento; sin embargo, nos sumamos a la petición pública manifestada en el sentido de que por parte del Ministerio Público se realice, cuanto antes, una investigación oficial seria y diligente, dirigida a cualquier funcionario del Estado, sea de la institución que sea y a toda persona particular dentro y fuera del país, a fin de establecer con los elementos probatorios pertinentes la responsabilidad de lo denunciado este día por los representantes del gobierno», puntualizaron.
EL EMPRESARIO
Días después el empresario Murray P. Farmer, gerente propietario de DRC, INC, hizo circular un video en el que explica que continuará con las acciones que corrresponda «hasta lograr que le honren la deuda».
«Directamente dijeron al pueblo hondureño que yo soy corrupto, y yo soy una persona que hizo las obras y las entregó. Otro punto que no me gustó es que nunca dio la cara la PGR, nos sentamos en muchas ocasiones para que habláramos, también se lo pedía la presidenta Xiomara Castro», dijo en el video Murray.
Según Finanzas y la PGR, una Corte de Estados Unidos en 2014 , dictó sentencia, declarando que Honduras no tenía obligación de pagar dicha deuda.
LOS HECHOS
Fue en el Gobierno de Carlos Flores en 1998 y mediante el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que se ejecutaron la mayoría de obras del proyecto de la Reconstrucción Nacional y mediante licitación, le otorgaron un proyecto a DRC, Inc de Murarr P. Farmer por un valor de 19 millones de dólares, según consta en documentos públicos.
DRC sub contrató en Honduras a Nacional de Ingenieros, pero por no estar permitidas las sub contrataciones, el contrato fue intervenido. En 2007 en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales DRC llevó al gobierno de Honduras a arbitraje en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), alegando daños por la intervención del contrato.
En 2009 mientras gobernaba Roberto Micheletti, el arbitraje fue trasladado a Colegio de Abogados, donde se condenó al Estado de Honduras a pagar a DRC los daños. Como no se ejecutó la demanda, DRC presentó la demanda en un Tribunal del Distrito Federal de Washington. D.C. y fue en 2014, en el gobierno de Juan Orlando Hernández que ese tribunal sentenció que Honduras no estaba obligada a pagar la deuda, según expplicó el actual gobierno de Xiomara Castro.
Aunque hasta ahora no se ha publicado la sentencia de ese Tribunal en Washington D.C., el gobierno actual señaló que en 2020 la Corte Suprema de Justicia de Honduras condenó al Estado de Honduras a pagar a Nacional de Ingenieros 351.1 millones de lempiras y 42 millones más por honorarios profesionales.
Por tal razón en los últimos días la Corte Suprema de Justicia, ordenó embargar la cuenta del Gobierno para que se haga efectiva de demanda a favor de DRC Inc por el valor de 2,600 millones de lempiras.
LEA CORTE EMBARGA CUENTA DEL ESTADO POR 3,000 MILLONES DE LEMPIRAS
LEA ACLARACIÓN DEL PODER JUDICIAL
VEA VIDEO DEL EMPRESARIO MURRAY
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Gerente de empresa internacional que ganó demanda al Estado de Honduras, hace circular video en el que advierte que continuará con las acciones legales.#RadioAmérica pic.twitter.com/mQ8jWmFFah— Radio América HN (@radioamericahn) February 6, 2023