Radio América. La Fundación Democracia Sin Fronteras revela en su último informe que «La justicia y la corrupción es parte de las demandas sociales, pero desconocen qué hace el circuito penal en materia de corrupción».
Los magistrados y jueces que procesan los casos de corrupción en Honduras deben ser Ãntegros, preservar su independencia e inamovibles en sus cargos para que puedan ejercer su función de justicia con apego al derecho internacional y nacional.
Esa es una de las conclusiones de la VeedurÃa Social practicada por la Fundación Democracia sin Fronteras (FDsF) al Juzgado y a los Tribunales Penales con Competencia Nacional en Materia de Corrupción, creados como un órgano especializado del Poder Judicial para castigar los actos de corrupción que investiga el Ministerio Público.
La VeedurÃa Social hace recomendaciones para mejorar el desempeño de este órgano judicial, pero busca, sobre todo, generar información que impulse a la ciudadanÃa a desarrollar estrategias de incidencia bien fundamentadas, para una lucha efectiva contra la impunidad.
Estos tribunales surgieron el 11 de septiembre de 2017, mediante el Acuerdo 01-2016 de la Corte Suprema de Justicia y el Decreto No. 89-2016, del Congreso Nacional, impulsados a través del convenio de la Organización de Estados Americanos con el gobierno de Honduras, que concluyó en enero de 2020.
Siguiendo el hilo a los informes semestrales que presentó la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) durante los cuatro años del convenio, la FDsF diseñó una metodologÃa para observar el proceso de creación del juzgado y los tribunales; la elección y nombramiento de sus jueces, magistrados y personal auxiliar y su administración de justicia.
Algunos de los hallazgos de la VeedurÃa Social practicada son:
• La justicia es parte de las demandas sociales y del quehacer de las Organizaciones de la Sociedad Civil, pero estas desconocen qué hace el circuito penal en materia de corrupción, cuáles son sus logros y sus limitaciones. Contribuyen a ese desconocimiento la desconfianza ciudadana hacia el Poder Judicial, la escasa o nula promoción sobre el desempeño del circuito y la ausencia de monitoreos ciudadanos de seguimiento.
• De cada cien informaciones de los diarios, menos de tres se refieren al tema de justicia y menos de una (0.74%) al desempeño del circuito judicial en materia de corrupción.
• Al menos cuatro delitos de competencia judicial en materia de corrupción desaparecen en el nuevo código penal y al menos diez artÃculos del código actual no los reconoció el Congreso Nacional como competencia de estos tribunales.
• Se percibe como muy transparente la elección de los jueces y magistrados y del personal auxiliar, avalado por la MACCIH, pero su nombramiento quedó a discreción del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Para evitar la concentración del poder en una persona, la veedurÃa concluye que debe crearse un consejo de la judicatura y una carrera judicial que administre el ingreso y la promoción de los operadores de justicia mediante concursos por méritos y oposición y que vigile su quehacer conforme a derecho.
• La judicialización es el eslabón final que enfrentan los corruptos y llegan a esta etapa acompañados de una estructura de poder (fáctica o no) que los defiende. La corrupción es sistémica, pero la anticorrupción no lo es y no tiene la capacidad para responder a la misma altura de las circunstancias que le toca enfrentar.
La VeedurÃa Social de la FDsF aboga porque continúe y se fortalezca la institucionalidad acusatoria y jurisdiccional que surgió por iniciativa de la MACCIH, asà como la reforma al artÃculo 319 de la Constitución de la República para garantizar la independencia de los jueces; la estabilidad e inamovilidad en sus cargos o funciones; una remuneración adecuada; las promociones o ascensos; la libertad de opinión y decisión jurisdiccional; la libertad de asociación, asà como su seguridad personal y la de sus familias.
Fuente: Democracia Sin Fronteras