León (España), 7 sep (EFE).- La Policía española ha desarticulado una organización dedicada a la explotación laboral de mujeres, que eran captadas en Honduras y que entraban en España para trabajar como asistentes del hogar.
En la operación, fueron detenidas cuatro personas, entre ellas la líder de la trama, acusadas de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimientos de la inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores y pertenencia a organización criminal, informó este lunes la Policía en un comunicado.
La investigación se inició tras las declaraciones de varias víctimas que pusieron en conocimiento de los agentes la existencia de una organización dedicada a la explotación laboral en la provincia española de León (noroeste).
Los investigadores comprobaron que la red captaba a las mujeres en Honduras, en ocasiones con la ayuda de sus propios familiares, y que la organización gestionaba los billetes de avión con destino a España, generalmente con escala en El Salvador, Cuba y Milán (Italia).
Una vez en España, contaba con la colaboración de un miembro de la organización que gestionaba la documentación y el traslado de las víctimas desde el aeropuerto a la estación de autobuses de Barcelona (noreste) a cambio de 500 euros.
Desde allí eran conducidas hasta la provincia de León, donde inicialmente las víctimas eran alojadas en domicilios alquilados y con malas condiciones de habitabilidad, sin calefacción, ni agua caliente.
Además, se les exigía una deuda de 2.000 euros por el viaje, que debían pagar trabajando como asistentes del hogar a través de una empresa española.
En el comunicado, la Policía explica que las personas que contrataban a las víctimas ignoraban la situación ilegal de las trabajadoras, pagando por sus servicios cantidades muy superiores a las que finalmente recibían ellas.
Con esta remuneración debían pagar tanto la deuda contraída por el viaje, como la generada por los tratantes debido a las gestiones practicadas para su explotación.
La administradora de la empresa de contratación de las víctimas obtenía beneficios al ahorrarse las cotizaciones de la Seguridad Social y abonar a las trabajadoras salarios muy por debajo del mínimo legal, a pesar de su disponibilidad las 24 horas del día.
Las trabajadoras ilegales tenían prohibido hablar de su situación con las personas a las que asistían o sus familiares bajo amenazas de las tratantes.
Además, en caso de encontrarse enfermas debían pagar por ser atendidas por un médico, lo que incrementaba su deuda con la administradora de la empresa en la que trabajaban.
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