El manejo de recursos públicos por parte de los diputados del actual Congreso Nacional ha encendido nuevas alarmas entre la ciudadanía y organizaciones de sociedad civil. A través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los parlamentarios han canalizado millonarios fondos destinados, en teoría, a proyectos sociales en sus comunidades, pero cuya ejecución y fiscalización siguen siendo opacas.
Diferentes sectores han reaccionado con indignación y exigiendo se haga una investigación exhaustiva sobre el manejo que el dan los congresistas a los fondos provenientes de Sedesol.
Durante los últimos dos años se ha incrementado significativamente la transferencia de recursos desde Sedesol hacia iniciativas propuestas directamente por diputados. Estos fondos, que forman parte del presupuesto general de la República, se han utilizado para financiar desde supuestas ayudas humanitarias hasta obras pequeñas en zonas rurales. Sin embargo, la falta de informes detallados y auditorías independientes ha impedido conocer el verdadero impacto de estas inversiones.
“Hay una alta discrecionalidad en el manejo de estos fondos. No hay un mecanismo transparente para priorizar proyectos ni para verificar su ejecución”, denunció Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la ASJ. “Esto abre puertas al clientelismo político y a posibles actos de corrupción”, agregó.
La situación recuerda al tristemente célebre caso del “Fondo Departamental”, un esquema que en el pasado fue utilizado por diputados para fortalecer redes políticas personales, muchas veces sin rendir cuentas. Aunque el gobierno actual había prometido eliminar estos mecanismos, en la práctica se han mantenido bajo otras figuras administrativas, como los convenios con Sedesol.
Algunos diputados han defendido incluso este modelo asegurando que es la única vía rápida para responder a las necesidades urgentes de sus comunidades.
Sin embargo, analistas advierten que, sin reglas claras ni supervisión efectiva, este tipo de manejos no solo perpetúan la dependencia política en las comunidades, sino que también desvían recursos que podrían ser invertidos en políticas públicas de largo plazo.
Mientras tanto, la población continúa demandando mayor transparencia y resultados tangibles. Organizaciones de sociedad civil exigen a la Secretaría de Transparencia y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) investigar y publicar los detalles de los proyectos financiados con estos fondos, así como los montos exactos asignados a cada diputado.
A continuación te dejamos los listados donde aparece la cantidad de millones de lempiras que ha retirado cada diputado de este Fondo de Administración Solidaria (descargar PDF):
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