Radio América. El director ejecutivo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marcos Zelaya, manifestó este lunes que la situación en el zoológico “Joya Grande”, ubicado en el sector de Yojoa, Cortés, se debe a un descontrol en las planillas, de la cual la autoridad competente no tiene mayores datos.
“Estamos solicitando en más de 200 empresas y solamente Joya Grande no quiere acreditar documentación para que nos establezca los detalles salariales de los empleados”, dijo el funcionario, quien apuntó que a causa de ese motivo se han “retenido los pagos”.
Mientras tanto, apuntó que las gestiones no procederán, pues corre el riesgo de ser sancionado por el Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, en caso de erogar fondos con poca justificación.
Zelaya apuntó que para la liberación de recursos se precisa cotejar la documentación que posee la OABI y la administración del zoológico hondureño, incautado al cartel de “Los Cachiros”.
Se indicó que de los 31 empleados sólo 20 habrían enviado información para hacer el desembolso. Agregó, además, que no pagará “planillas infladas”.
Denunció que pretendían “chantajearlo” con irse a una huelga y hacer públicas imágenes de los animales en malas condiciones. “No nos consta que las fotografías sean actuales o sean de Joya Grande”, respondió.
El titular de la OABI aclaró en torno al tema, que el dinero para la alimentación de los animales se ha estado cumpliendo y que si no se ha procedido con el sustento habría una perversidad que merecería ser investigada.
De esa forma desglosó que todo deriva de las acciones que se están tomando por la presunta “inflación de planillas” las cuales no cuentan con el sustento legal. Por tanto, prometió llegar al fondo del asunto.
El Zoológico Joya Grande, el único con animales exóticos en Honduras, fue creado por el cartel narcotraficante Los Cachiros, al estilo del colombiano Pablo Escobar, que durante muchos años operó libremente en el país.
Para finalizar, remarcó diciendo que, en caso de confirmarse las “planillas infladas” producto de las investigaciones que se hagan de parte de la autoridad competente, entonces se deducirá responsabilidad conforme a derecho.
Finalizó que se procedería bajo el delito de maltrato y crueldad animal en caso de verificarse que no han alimentado a las distintas especies por pretender “boicotear” la gestión. Hay documento que se le ha pagado a todos los proveedores, abundó.
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