-Diversas organizaciones que aglutinan en su seno a las personas con discapacidad han hecho un angustioso llamado a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, tanto de las Naciones Unidas como del Sistema Interamericano, para que exijan al Estado hondureño el cumplimiento de sus obligaciones con ese sector.
Se estima que, en Honduras, de los 9.2 millones de habitantes, alrededor de 1.3 millones de personas tienen alguna discapacidad física y motora y viven sumidas en la exclusión y la discriminación ante la indiferencia, el olvido y la falta de voluntad política del Estado Hondureño para atender las demandas.
Blanca Barahona, presidenta de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), recordó los compromisos nacionales e internacionales adquiridos por el Estado de Honduras que lo convierten en garante del bienestar y el acceso de los derechos de las personas con discapacidad.
El Estado de Honduras es el responsable de asignar el presupuesto a la comunidad organizada y no organizada de personas con discapacidad, ya que constituyen un grupo vulnerable de la sociedad hondureña, indicó.
Los organismos que defienden los derechos de las personas con discapacidad exigen al Estado hondureño cumpla con los desembolsos prometidos desde el año 2019, al que se suman fondos para el Proyecto de Emergencia COVID 19 que no reciben desde abril del 2020.
Además, el gobierno de Honduras tiene pendiente con el sector de personas con discapacidad un desembolso de 23 millones de lempiras del proyecto de emprendimiento “Inclúyeme”.
Así como la asignación de fondos para las más de 20 Organizaciones de y para personas con discapacidad que no cuentan con el subsidio correspondiente y que el Estado está obligado a asignarles.
Explicó que las organizaciones de y para personas con discapacidad, históricamente han asumido la responsabilidad exclusiva del Estado de Honduras para la atención y acceso de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad.
De allí nuestro llamado a los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales que acuerpen las exigencias del sector organizado de y para personas con discapacidad, declaró
Hasta ahora las distintas organizaciones del sector discapacidad han realizado múltiples gestiones en diferentes secretarías del Estado, organismos de veeduría social y derechos humanos, sin resultados positivos.
Ante el aumento del estado de precariedad de las personas con discapacidad, el 17 de diciembre realizaron una marcha de protesta pacífica y se apostaron en las instalaciones de las secretarias de Finanzas y Desarrollo e Inclusión Social para recordarles las necesidades urgentes y el compromiso que tienen con el sector, sin embargo, no fueron escuchados.
Las organizaciones se declararon en alerta permanente e hicieron un llamado a sus afiliadas a nivel nacional para las acciones futuras que se puedan emprender si el gobierno sigue poniendo oídos sordos a sus demandas
Además, responsabilizaron al actual Gobierno sobre cualquier acción represiva contra sus organizaciones o los líderes que les dirigen.
A las peticiones de la CIARH se sumó la Federación Nacional de Organismos de Personas con discapacidad de Honduras (FENOPDIH) y la Federación Nacional de Madres, Padres y Familias de Personas con Discapacidad de Honduras (FENAPAPEDISH).
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