Radio América. Las sanciones para Nicaragua continúan por parte del Gobierno de Estados Unidos que dirige el presidente Joe Biden. Hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos, emitió una declaración del Secretario de Estado, Antony J. Blinken, en la que anunciaron medidas orientadas a imponer restricciones a visas a más de 500 personas nicaragüenses y sus familiares.
«Estamos actuando de conformidad con la Proclama Presidencial 10309, que suspende el ingreso a Estados Unidos con carácter de inmigrantes y no inmigrantes de miembros del Gobierno de Nicaragua y otras personas que formulan e implementan políticas o acciones que socavan las instituciones democráticas en Nicaragua u obstaculizan el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, o que se benefician con tales acciones o políticas», indica el documento.
«Entre estas personas se incluyen miembros de los servicios de seguridad nicaragüenses, como la Policía Nacional de Nicaragua, funcionarios penitenciarios, jueces, fiscales, funcionarios del sistema de educación superior y actores no gubernamentales que posibilitan la represión y la corrupción por parte del régimen, así como sus familiares. Ningún miembro del gobierno nicaragüense ni otras personas que faciliten los abusos del régimen de Ortega-Murillo deben creer que pueden viajar libremente a Estados Unidos», dijo Blinken.
La Casa Blanca también anunció una enmienda a la Orden Ejecutiva 13851 sobre Nicaragua que amplía las facultades de sanción, lo que incluye medidas relacionadas específicamente con el comercio para Nicaragua. «Estas nuevas facultades contribuirán a nuestros esfuerzos para que el régimen de Ortega-Murillo responda por sus actos. La intensificación de las acciones del régimen durante este año por las que se cierran espacios para la sociedad civil, se incrementa su cooperación en seguridad con Rusia y se silencia a voces independientes pese a los amplios reclamos internacionales de diálogo y moderación hace que Estados Unidos se vea en la necesidad de actuar», agregó el funcionario estadounidense.
Blinken señaló directamente que «los gobiernos que niegan derechos fundamentales de su población o amenazan los intereses de seguridad de sus vecinos no deberían pretender que sus relaciones políticas, económicas y comerciales no se vean afectadas».
En conjunto con el anuncio de la Orden Ejecutiva, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro impuso sanciones a la autoridad de minería nicaragüense, la Dirección General de Minas (DGM), una entidad que forma parte del Ministerio de Energía y Minas, y a Reinaldo Gregorio Lenín Cerna Juárez, persona de confianza del presidente nicaragüense Ortega, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13851.
«Estados Unidos, junto a aliados y socios, cree que es esencial que se restablezca la democracia y se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua. Nos proponemos emplear las herramientas diplomáticas y económicas de las que disponemos para promover que el régimen de Ortega-Murillo rinda cuentas, además de reiterar nuestro reclamo de que se libere de manera inmediata a incondicional a los presos políticos y exhortar a que se reconstituya el espacio cívico para el pueblo de Nicaragua», puntualizó.
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