Radio América. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), este jueves se desvinculó de la gestión realizada por el exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, Juan Ramón Molina, a quien el Ministerio Público le presentó requerimiento fiscal por suponerlo responsable por fraude en contra del Estado, en el suministro de licencias de conducir.
Comunicado del COHEP
El organismo empresarial señala que el Congreso Nacional al haber creado la Tasa de Seguridad Poblacional, determinó incorporar en el Comité Técnico del Fideicomiso a un representante del COHEP, a nombre del sector privado nacional.
El COHEP afirma que representa y defiende a los buenos empresarios y gremios de toda Honduras, y en acción de una persona no puede empañar la realidad de miles de empresas que trabajan dÃa a dÃa por el desarrollo del paÃs.
El COHEP refirió que sus organizaciones miembros, acreditan a los delegados en las instancias que la Ley establece, con base a la experiencia necesaria para cada cargo de representación. Estas personas están obligadas a actuar con honorabilidad, responsabilidad y en el marco de las leyes.
Desvinculación
«Nuestra institución se desvincula de la gestión realizada por el exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional, Juan Ramón Molina, circunscrita exclusivamente a su ámbito de responsabilidad personal», añade el pronunciamiento.
Aclara que en ningún caso, el COHEP puede ser responsable de la conducta de este funcionario público, ya que no informó en detalle las acciones que realizaban en el Comité Técnico ni en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, aún menos el supuesto proceder delictivo que la justicia le imputa.
Cabe recordar que el destino de los fondos recaudados con la citada tasa, en gran parte del tiempo de su aplicación, estuvo sujeta a la Ley de Secretos, resultado de una decisión gubernamental apoyada por los tres Poderes del Estado y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La entidad empresarial refiere que siempre ha respaldado las acciones judiciales emprendidas por las autoridades hondureñas y estadounidenses contra las personas presuntamente implicadas en actividades delictivas y condena la malversación de dinero público para lucro individual,.
Asà como cualquier otra forma de corrupción, un flagelo que todos debemos combatir. «Siempre hemos expresado que se respeten las garantÃas del debido proceso y la aplicación del Estado Social de Inocencia a cualquier ciudadano investigado», añade el documento.
En virtud de lo antes expuesto, el COHEP, rechazó categóricamente la campaña de desprestigio lanzada por las autoridades polÃticas y funcionarios del paÃs, que está en contra del empresariado hondureño, ignorando la verdad y los sólidos argumentos ya presentados.
Enfatizó que en una democracia, la crÃtica está amparada por los derechos de expresión y opinión, sin embargo, la continua calumnia se ha convertido en el proceder de algunos funcionarios públicos en contra del imprescindible sector productivo.
Afirmó que en sus 58 años de historia la institución ha demostrado su compromiso como representante gremial de las empresas que generan empleo y contribuyen al desarrollo económico de Honduras.
COHEP aseguró que ha estado siempre abierto a la interlocución con los poderes del Estado, con el fin proponer soluciones, trabajar de forma conjunta y de defender la libertad empresarial.
«Lamentamos profundamente que la disposición expresada no haya sido escuchada, y que sea respondida con descalificaciones y ataques desde organismos oficiales», finalizó el escrito del COHEP.
                                    Ministerio Público
Cabe mencionar que la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), presentó requerimiento fiscal y asegura bienes a “Juan Ramón Molina RodrÃguez, excoordinador del fideicomiso de la Tasa de Seguridad y representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en dicho fideicomiso, y a Liana MarÃa Mayorga Castillo (capturada), gerente de empresa Plasticards S. A., por suponerlos responsables de defraudar por 18,547,200 millones de lempiras al Estado mediante el suministro de tarjetas «PVC» para la emisión de licencias de conducir.
Los delitos imputados: abuso de autoridad, fraude y lavado de activos.
Según las investigaciones, la SecretarÃa de Seguridad, en diciembre de 2021, adjudicó irregularmente la compra de 480 mil tarjetas a Plasticards S.A., la cual habÃa sido constituida apenas dos meses antes de ser beneficiada con el contrato.
Sin embargo, aunque oficialmente se reportó el ingreso de las 480 mil tarjetas, en realidad solo 258,000 llegaron al paÃs.
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