El Gobierno de Javier Milei ha decidido privatizar la operación de las rutas nacionales argentinas, actualmente a cargo de la empresa estatal Corredores Viales, según informaron este jueves fuentes oficiales.
«El Gobierno ha decidido poner en manos del sector privado la gestión para operar y mantener las rutas nacionales concesionadas, que se encuentran mayormente a cargo de Corredores Viales», anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.
Adorni argumentó que esta empresa estatal tiene un déficit operacional de 30 millones de dólares, que, hasta diciembre de 2023, fue financiado con fondos del Tesoro argentino y que desde que asumió Milei, el 10 de diciembre pasado, se gestionó con los aumentos de tarifas.
«Sin embargo, la empresa no cumplió con los estándares mÃnimos de operación y mantenimiento», explicó Adorni.
«Por este motivo, cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos en cada caso podrá participar de la licitación para ejecutar el servicio de manera más eficiente», anunció, y lo calificó como «una apertura inédita hacia la transparencia».
Además, anticipó que en los próximos dÃas se va a publicar la información preliminar para los interesados en la licitación en los portales del Ministerio de EconomÃa, del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y de la SecretarÃa de Transporte.
El portavoz indicó que las empresas que finalmente se conviertan en las concesionarias «van a cobrar la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones».
El Ejecutivo argentino estima que el Estado tendrá un ahorro de 5.600 millones de dólares.
Vialidad Nacional informó que el proceso de licitación se realizará en dos etapas.
En diciembre de 2024 se abrirá la convocatoria para licitar dos tramos del corredor 18, cuya concesión vence en abril de 2025. Y en febrero de 2025, se realizará la segunda convocatoria para licitar 8.648 kilómetros distribuidos en doce tramos que representan el 20 % de la red vial argentina, pero concentran el 80 % del tránsito.
A principios de la década del 90 se privatizaron rutas nacionales mediante un esquema de concesiones, lo que permitió que distintas empresas pudieran cobrar peajes mientras que también se hicieron responsables del mantenimiento de los caminos.
La crisis de 2001 y la posterior caÃda del régimen de convertibilidad y pesificación de los peajes afectó la ecuación económico financiera de las empresas, y la falla en la renegociación de los contratos derivó en que varias de ellas iniciaran reclamos en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Los contratos suscriptos en la década del 90 vencieron en 2003. Desde entonces, los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015) aplicaron un sistema mixto de cobro privado de peajes y obra pública que ha sido sospechado de corrupción.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) intentó -sin éxito- implementar proyectos de participación público privada y en 2019 comenzó a operar la estatal Corredores Viales, como concesionaria de rutas, autopistas y autovÃas nacionales argentinas. EFE
