El Departamento de Justicia de EE.UU. se negó este viernes a entregar a una jueza federal información sobre un salvadoreño que fue expulsado de EE.UU. y enviado a una megacárcel en su país natal pese a tener un estatus migratorio legal y carecer de antecedentes penales.
El Supremo emitió el jueves un fallo respaldando una orden de la magistrada de distrito Paula Xinis que pedía al Gobierno «facilitar» el regreso de Kilmar Ábrego García hacia EE.UU..
Horas después de ese fallo, Xinis insistió en su solicitud, pidiendo a los abogados de Departamento de Justicia que le entregaran documentos sobre el estado legal de García en El Salvador y los pasos que se han tomado para «facilitar» su regreso a EE.UU. antes de las 09:00 hora local (13:00 GMT) de este viernes.
El Gobierno de Trump no cumplió con la hora estipulada y, durante una audiencia este viernes por la tarde en Greenbelt (Maryland), se negó a darle a Xinis cualquier tipo de información sobre el paradero de García.
«No le estoy pidiendo secretos de Estado, estoy preguntando dónde está un hombre que fue deportado de este país de manera ilegal y errónea», increpó la jueza al abogado del Ejecutivo, Drew Ensign, según recogieron medios estadounidenses.
«No me han entregado información que pueda entregarle a usted», le respondió el representante de la Justicia de EE.UU..
Tras varios intercambios en los que el abogado se negó a dar más datos sobre el caso, la jueza ordenó al Gobierno darle un reporte diario sobre el salvadoreño y los esfuerzos que se estén adelantando para traerlo de vuelta a EE.UU., donde ha residido por más de una década junto a su esposa y tres hijos.
El caso de Ábrego García ha sido señalado por políticos y organizaciones para criticar la campaña de deportaciones masivas de Trump.
El salvadoreño, de 24 años, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.
Ábrego García, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
La decisión del Supremo el jueves, redactada por tres de sus jueces liberales, critica duramente los argumentos judiciales del Gobierno para justificar su deportación y detención.
Las autoridades estadounidense calificaron el envío de Ábrego García como un «error administrativo», pero alegan que no tienen potestad para devolverlo a Estados Unidos porque ahora está bajo custodia de un Gobierno extranjero.
La Administración de Trump sostiene además que Ábrego García, quien no tiene antecedentes judiciales en EE.UU. que lo vinculen con el crimen organizado, es un miembro de la pandilla MS-13 y no debe regresar al país.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para poder enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
El Gobierno de Trump ha enviado al Cecot a un total de 232 migrantes, en su mayoría venezolanos, acusándolos de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Sin embargo, según un análisis publicado este jueves por el portal Bloomberg, un 90 % de los más de 200 hombres que EE.UU. tiene encarcelados en el país centroamericano no tienen antecedentes penales en territorio estadounidense. EFE
