Radio América. El Congreso Nacional la noche del miércoles aprobó la «Ley para la Protección de Mujeres en Situaciones de Desastres Naturales y Emergencias» en Honduras. El objetivo de la ley es habilitar espacios separados para mujeres y contar con personal capacitado en género en los albergues, crear kits de emergencias diferenciado y proteger los derechos de las trabajadoras domésticas durante desastres y emergencias.
La ley busca garantizar la protección de las mujeres en el marco de crisis humanitarias por inseguridad alimentaria, desastres naturales, cambio climático y emergencias.
Para tal efecto, se entiende por crisis humanitaria el impacto acumulado por desastres, conflictos o situaciones que requiere una respuesta inmediata para salvar vidas y proteger a las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad y riesgos.
Así como en situaciones de desgracias considerables, perjuicios gravísimos o casos fortuitos extraordinarios provocados por la alteración de fenómenos naturales que ocasionan daños al territorio, población y bienes, como inundaciones, sequías, terremotos, huracanes, incendios, pandemias y epidemias, entre otras, incluyendo aquellas situaciones excepcionales ocurridas por causas naturales o las derivadas de situaciones o conflictos de carácter politico que incluyan la restricción de derechos y garantías Constitucionales.
En situaciones de crisis humanitaria o emergencia, los albergues deben cumplir con los estándares internacionales que garantizan la protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, especialmente, de aquellas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas y niños.
En este sentido, se debe asegurar la ubicación separada do mujeres, niñas y niños de hombros adultos y jóvenes on los albergues, y se deben adecuar instalaciones sanitarias separadas para hombres y mujeres.
Además, los niños y niñas menores de 18 años deben ser ubicados en al mismo espacio que sus madres para garantizar su protección y bienestar. Estos estándares son fundamentales para asegurar que todas las personas en situación de emergencia tengan acceso a condiciones adecuadas y seguras para su bienestar.
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