Radio América/EFE. Una caravana compuesta por más de 9.000 migrantes hondureños busca llegar a Estados Unidos tras superar en las últimas horas varios dispositivos policiales que querían impedir su paso por Guatemala.
Entre los migrantes que esperaban cruzar Guatemala había muchos que querían hacerlo de manera legal, pero tenían vencidas las pruebas negativas de covid-19.
La pandemia de covid-19 en Honduras se comenzó a expandir en marzo de 2020, y desde entonces en el país se han registrado más de 132.400 contagios y 3.344 muertos, según el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).
«Llevamos los papeles en regla, pero la prueba de covid-19 solo sirve para 72 horas y nosotros llegamos con vencimiento de un día, según nos han dicho las autoridades», dijo a Efe Víctor Manuel Laínez, un campesino de 38 años.
Agregó que unos 600 migrantes, de los que iban en la caravana, el viernes durmieron en La Entrada, Copán, a unos 70 kilómetros de El Florido.
«Nosotros llegamos hoy (sábado) a El Florido en autobuses porque queremos pasar legalmente a Guatemala y sumarnos a la caravana, pero no podemos porque no tenemos actualizada la prueba del covid-19», indicó Laínez, procedente de San Antonio de Cortés, departamento de Cortés, en el norte de Honduras.
Según su relato, «no es un antojo querernos ir, lo hacemos porque perdimos todo por las inundaciones», causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota, que en noviembre dejaron severos daños en Honduras, principalmente en el norte y occidente.
Las pruebas de covid-19 de Laínez y otros dos hermanos con los que quiere viajar a Estados Unidos, eran válidas para el 13, 14 y 15 de enero.
«Ahora nos piden que regresemos a Santa Rosa de Copán a hacernos nuevas pruebas, de lo contrario no nos dejan pasar. No sabemos qué hacer, pero creo que vamos a tener que regresar, aunque no tenemos dinero y queremos seguir para ver si llegamos hasta los Estados Unidos», indicó Laínez.
Efe pudo constatar que algunos de los migrantes que llegaron a El Florido durmieron el viernes en el municipio de Copán Ruinas, que se localiza a 11 kilómetros del paso fronterizo.
«La actividad de nosotros en San Antonio de Cortés es la siembra de maíz y fríjoles, pero por las inundaciones lo perdimos todito y ahora no tenemos dónde trabajar porque está destruido el campo», agregó el migrante hondureño.
Dijo además que es padre de 10 hijos, el mayor de 17 años, y el menor de 1, y que el trabajo de su esposa consiste «en cuidarlos porque todos somos una familia».
Laínez considera que «el Gobierno no lo tiene que mantener a uno», pero que «por lo menos el presidente -Juan Orlando Hernández- debería pedirle a los otros países que nos dejen ir a trabajar con ellos para ayudar a nuestras familias porque en Honduras la vida cada día es más difícil».
«Yo no me quiero ir de mi país, pero la situación que estamos viviendo nos ha obligado», acotó.
