Radio América. La Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (ANDEPH), denunció este martes que en los dos primeros meses de gestión de la presidenta Xiomara Castro se habrían despedido alrededor de 17,000 empleados.
El abogado y analista de la realidad nacional, German Licona, manifestó en ese sentido que si los despidos de los trabajadores públicos no son justificados el Estado hondureño corre el riesgo de pagar cuantiosas cantidades en prestaciones e indemnizaciones.
“El gobierno anterior despidió gente de la ENEE y Hondutel y fueron cantidades navegables de recursos que se pagaron y si la administración actual está haciendo lo mismo, corre el mismo riesgo que se sigan drenando los recursos financieros pese a que están escasos”.
El impacto en los juzgados de lo laboral lo deberá asumir esta u otra administración y eso no es correcto, exclamó el profesional del derecho.
Licona mencionó que a los funcionarios que están cometiendo despedidos injustificadamente se les puede ejercer la acción de repetición para que paguen las malas actuaciones por estar despidiendo a personas sin seguir los procedimientos correctos.
El jurista hondureño lamentó que en la nación centroamericana estas acciones sean recurrentes con los cambios de gobierno cada cuatro años e incurran en la politización.
“Eso a la larga no le conviene al Estado de Honduras porque los recursos que se están pagando se reducen para los proyectos sociales de reducción de la pobreza”, adujo.
Cuestionó que algunos funcionarios no estén siguiendo los procedimientos establecidos en la norma jurídica del país.
De esa forma mencionó que se les puede deducir responsabilidades a los funcionarios e instó al nuevo Procurador General de la República para proceder.
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Con el reporte de: Nelson Murillo