Radio América. El ingeniero José Manuel Arriaga Yacamán, miembro de la junta directiva del Operado del Sistema (ODS), y exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, manifestó este viernes que los contratos aprobados ayer en el Congreso Nacional, fueron modificados y que además violentan la Ley General de la Industria Eléctrica.
“La licitación que se hizo por tres años para dotar de energía al litoral Atlántico, se contemplaba que se iba a distribuir en tres sitios diferentes la generación de 60 megavatios, se contemplaba que por la prematura del tiempo iban a ser motores de diésel y que la duración del contrato iba a ser de tres años”, detalló Yacamá.
Sin embargo, el exgerente de la estatal eléctrica dijo que este contrato está contemplado para distribuirse un solo sitio y que además, se ha cambiado la energía de diésel a búnker, lo que cambia sustancialmente las reglas de juego.
También, señala que la le Ley General de la Industria Eléctrica manda que cualquier contrato debe ser con licitación pública internacional que se seleccione al generador que va a suministrar la potencia y energía asociada para que con esa competencia, el país pueda tener mejores beneficios y disponer de energía en términos económicos para evitar la crisis de ENEE que arrastra un déficit de más de 70 mil millones de lempira.
Cambio de generación de energía de diésel a búnker
Según el experto en temas energéticos, el diésel es más caro y menso eficiente para la generación, la tecnología con búnker hace más kilovatios por hora y tiene un costo mejor, pero lo que se está defendiendo es el principio de la legalidad e implementación de la Ley General de la Industria Eléctrica porque menciona, se aspira a tener mercado competitivo como el de Guatemala quien ha logrado reducir los costos de generación logrando tener los más bajos de Centroamérica.
“La ley permite que se pueda implementar como se está haciendo en el marcado de oportunidad la venta de energía y la potencia asociada a los mejores costos, o sea, LAEISZ tiene en Juticalpa generación para resolver el problema de Olancho y no tienen contratos y no se ha declarado ninguna enérgica, o sea, la ley prevé como se pueden resolver esos problemas y como la competencia entre la empresas genera mejores costos y beneficios para la ENEE y el país”, expresó.
Lo que se quiere según Yacamán, es que se implementen buenas prácticas de transparencia técnica, legal y financieramente para que el beneficio se refleje en la factura del consumidor y en la recuperación de la estatal eléctrica.
“Si la inversión privada pierde el interés y el apatito para invertir en el país, será serio el problema porque ni el Gobierno ni la ENEE tienen los recursos y capacidad de endeudamiento para hacer las inversiones que el sector eléctrico necesita a corto y largo plazo”, concluyó.
Con información de Héctor Murillo