– Organizaciones humanitarias hondureñas exigieron este miércoles al gobierno despenalizar los delitos contra el honor, que tienen con un pie en la cárcel a un periodista que acusa al presidente Juan Orlando Hernández de inducir a la justicia a perseguirlo por denunciar casos de corrupción.
La sanción por los delitos de injuria, calumnia y difamación «deberá estar regulada por vÃa civil», demandaron en rueda de prensa el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh).
Desde el año 2003 se han contabilizado 43 procesos penales en contra de periodistas y otras personas que generan opinión pública y que participan en medios de comunicación, acusados por injuria, calumnia y difamación, dijo Edy Tábora, director de C-Libre.
«La sola existencia de estos delitos implica una amenaza y una generación de auto censura para el abordaje de asuntos de interés público, sobre todo aquellas situaciones en temas de corrupción, crimen organizada, denuncias de violación a los derechos humanos y otros», agregó.
Caso David Romero
Tábora denunció como «desproporcionada» la condena de diez años y ocho meses de cárcel impuesta al periodista David Romero, director de radio Globo.
La sentencia fue dictada en 2016 por un juez de primera instancia y ratificada el viernes pasado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Romero fue acusado por Sonia Gálvez, esposa del exfiscal general adjunto Rigoberto Cuellar, pero el periodista señala que el presidente Hernández aprovechó la acusación para inducir a los jueces a sentenciarlo por investigar actos de corrupción en el gobierno.
Tábora recordó que el juez José Dimas Agüero Echenique denunció que el presidente le ordenó en 2016 condenar al periodista y que fue destituido por desacatar la petición. El gobierno ha rechazado esos señalamientos.
«Esta es una sentencia inédita en Latinoamérica. Nunca habÃamos tenido una sentencia tan grave contra un periodista», se quejó el representante de C-Libre.
Por su parte, el director de Ciprodeh, Wilfredo Méndez, aplaudió la presentación de un proyecto de decreto en el Congreso Nacional para que los delitos contra el honor sean trasladados a la justicia civil y abogó por la aprobación inmediata en el pleno, de 128 diputados.
Méndez informó que C-Libre, Ciprodeh y otros organismos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, interponer sus buenos oficios en favor de Romero, ya que el organismo recomienda a los Estados despenalizar delitos que restringen la libertad de expresión.
«Es importante hacer un debate nacional con el gremio periodÃstico, organizaciones que luchan contra la libertad de expresión y la ciudadanÃa porque se debe abordar tanto el derecho a la libertad y el derecho al honor», manifestó Edy Tábora.
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