Radio América. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó el lunes al Estado de Honduras por la destitución “arbitraria” e “ilegal” de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2012.
La acción se dio en aquel momento luego de que emitieran fallos contrarios a proyectos del Gobierno el cual tenía como cabeza a Juan Orlando Hernández en el Poder Legislativo y Porfirio Lobo Sosa en el Ejecutivo.
La abogada Rosalinda Cruz Sequeira de Williams, una de los exmagistrados del caso, saludó con agrado este día la notificación de la sentencia dada a conocer por parte de la CorteIDH con sede en San José de Costa Rica.
La exfuncionaria apuntó tras la decisiva determinación del tribunal internacional que el Congreso de la República en aquel entonces “violentó” la Constitución y las leyes del país. “Lo hizo no teniendo competencia para destituirnos”.
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La extogada del país pertenecientes a la Sala de lo Constitucional considera que la decisión hace 12 años fue basada en un informe que no había sido realmente investigado “pues no teníamos ninguna función administrativa en el Corte de Justicia”.
La exmagistrada lamentó que ese fuera el fundamento del poder Legislativo para destituirles de manera “intempestiva” y “violenta”, puesto que el Congreso Nacional en esa ocasión actuó en horas de la madrugada y se encontraba militarizado.
“No tuvimos forma de defendernos ni de saber cuáles eran las causales por las cuales nos estaban destituyendo”, externó la exmagistrada quien recordó que esa misma mañana se presentaron a la CSJ para interponer un recurso de amparo.
La exmagistrada deploró que la destitución se hiciera en acuerdo con el entonces extitular del Supremo hondureño… “él estuvo en la noche del 11 de diciembre presente en el Congreso Nacional”.
Asimismo recordó que el expresidente de la CSJ conformara varias Salas a su “conveniencia” para que se produjera el rechazo del amparo presentado.
En las trabas durante los recursos de apelación, Cruz recapituló que entre los argumentos expuestos se les dijo que los diputados del Congreso Nacional no eran funcionarios públicos y que no cabía ningún amparo contra el poder legislativo.
Lo anterior, añadió, era contrario a la ley sobre justicia Constitucional, la cual establece claramente que los recursos de amparo se pueden presentar contra todos los entes del Estado, “pero obviaron eso”, acotó.
Posteriormente abundó diciendo que un recurso de reposición fue inmediatamente rechazado, esbozando que no había ninguna institución dentro del Poder Judicial que pudiese conocer su caso.
“De manera que, en el país se nos denegó la justicia y el derecho que teníamos a ser reintegrados a la Corte Suprema de Justicia, por lo que, tuvimos que acudir a las instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Ya en esa etapa, añadió, en la primera fase se consideró admisible la denuncia presentada por los cuatro profesionales del derecho. “Se declararon Con Lugar todas las garantías que sosteníamos se nos habían violentado”.
El proceso pasó a la CorteIDH a donde en febrero de 2023 comparecieron a una audiencia pública con la presencia de la Procuraduría General de la República (PGR) de Honduras la cual aceptó parcialmente su responsabilidad.
“La parte no aceptada de la Procuraduría la documentamos y defendimos hasta obtener como resultado la sentencia dictada el día de ayer”, externó la entrevistada a esta casa de radio.
La exmagistrada pormenorizó que no existe ningún recurso contra la sentencia, no obstante, sí algunas aclaraciones en aspectos del fallo que generen dudas. Puntualizó diciendo que lo conocido es un hecho juzgado.
A la consulta de si existe algún punto por aclarar, la togada comentó que la sentencia es “bastante extensa” y “completa”, de aproximadamente 130 páginas, por lo que, no ha tenido la oportunidad de poder leerla en su totalidad y estudiarla a fondo.
Pese a esto indicó que por lo hasta ahora conocido la sentencia “tiene mucha claridad”. sus compañeros del caso se trata de: José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel y Gustavo Enrique Bustillo Palma.
El caso se remonta a 2012 cuando los magistrados declararon como inconstitucionales iniciativas del Gobierno para crear las “ciudades modelo” y la “Ley de depuración policial”, entre otras, lo que generó presiones y hostigamiento por parte de altas autoridades del país.
Cabe mencionar que el Congreso de la República creó en aquella vez una comisión especial para investigar el comportamiento de los magistrados el 10 de diciembre de 2012, al día siguiente emitió un informe y horas después, la madrugada del día 12, destituyeron a los magistrados en mención sin permitirles defenderse.
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