Radio América. Debido a la “frustración” que tiene por no realizar su trabajo, es que el coordinador de la Unidad Fiscal Especial Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, solicita una comisión internacional para que revise los casos de corrupción absolutos, señaló este viernes el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jacobo Cálix.
Sin embargo, el profesional del derecho dijo que todos los temas de corrupción pública deben ser de interés de la ciudadanía.
Sobre la propuesta del titular de la UFERCO, el entrevistado manifestó, “con todo respeto, pero quizá eso se debe al grado de frustración o al celo que el buen fiscal Santos muestra por su labor, sin embargo, no se puede hablar de una comisión para valorar juicios judiciales porque no cabe en ningún contexto democrático, debido a que desmonta al sistema de justicia y la división de poderes”.
No obstante, Cálix, indicó que una comisión internacional podría ser válida para fines académicas, o, para efectos dogmáticos, aunque mencionó como importante que los fallos sean sometidos a críticas profesionales, y ese sentido, sería viable la propuesta que sugirió el fiscal Luis Javier Santos.
“Me parece que (propuesta comisión internacional) no sea para revisar en si los fallos que ha emitido el Poder Judicial, eso no cabe, porque sería contrario a la normativa constitucional y procesal; y en estos temas de interés el Ministerio Público debe avocarse plenamente a preparar los recursos pertinentes que la ley establece para impugnar los fallos que considera adverso”, recomendó el abogado.
Asimismo, el exmagistrado refirió las quejas del fiscal Santos en que no cuenta con todos los recursos para hacer mejor su labor, pues eso implica que institucionalmente deben establecer políticas claras para focalizar y perseguir los casos de corrupción con sumo interés con la dotación de los fondos necesarios.
Del mismo modo, el profesional de las leyes instó al Ministerio Público establecer una política institucional y ejemplificó el caso judicial de un robo de 144 lempiras, por lo que consideró que en esas cosas no pueden ser posibles que en el órgano persecutor de delitos se siga avocando a bagatelas para gastar los recursos del Estado en ese tipo de casos penales.
Información: Estela Rovelo