El sistema legal y judicial en Honduras no ha logrado garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los delitos más graves y las amenazas a la seguridad de los defensores de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales, dijo hoy una experta de la ONU.
«Los hondureños que trabajan en temas relacionados con la tierra, el medio ambiente, la corrupción, el crimen organizado y los conflictos agrarios y mineros siguen expuestos a un alto riesgo de violencia, ataques en línea y de género, intimidación, campañas de desprestigio y acoso judicial», ha declarado Irene Khan, Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, al término de una visita oficial al país.
«Casi todos los periodistas con los que hablé – ya sea en medios de comunicación convencionales, medios online o radios comunitarias, hombres, mujeres o de género diverso – afirmaron que la intimidación ha alcanzado un nivel tan alto y que las medidas ofrecidas por el Mecanismo de Protección son tan inadecuadas que se sienten obligados a autocensurarse para protegerse a sí mismos y a sus familias», afirmó Khan.
Revisión del mecanismo
La experta pidió una revisión a fondo del Mecanismo de Protección, creado en 2015. «Muchas de las personas con las que me reuní dieron ejemplos concretos de largos retrasos en la respuesta o ausencia de respuesta, evaluaciones de riesgo que no tienen en cuenta el contexto y el entorno en el que las personas viven, trabajan y están en peligro, y la ausencia de consideraciones de género a pesar de que muchos de los que
buscan apoyo son mujeres o personas LGBTIQ», aseguró.
Khan celebró la derogación de la Ley de Secretos Públicos y animó al Gobierno a seguir ampliando el acceso a la información pública, también para las comunidades marginadas e indígenas.
También señaló que los medios de comunicación comunitarios son un vehículo importante para preservar la cultura y las lenguas indígenas, y el principal medio por el que la población de las zonas rurales recibe información.
Condiciones legales
La experta instó al Gobierno a garantizar que se crean las condiciones legales y operativas adecuadas para el funcionamiento de las radios comunitarias.
Además, instó a las autoridades a adherirse al Acuerdo de Escazú para fortalecer el acceso a la información, promover la participación ciudadana y proteger a los defensores de los derechos humanos ambientales.
«Honduras debe despenalizar los delitos contra el honor (injurias y calumnias) y revisar el delito de usurpación, que se utiliza para criminalizar a quienes protestan pacíficamente en defensa de sus derechos a la tierra y a los medios de subsistencia», dijo la Relatora Especial.
«El entorno político altamente polarizado ha erosionado la confianza en la integridad de la información, envenenado el discurso público y puesto en peligro las voces disidentes», afirmó la Relatora Especial.
«Calificar la información crítica de «noticias falsas» no sólo socava y deslegitima a los periodistas, sino que también los hace más vulnerables a amenazas y ataques», afirmó.
«Insto al Gobierno a que defienda el derecho a la libertad de expresión como herramienta vital para avanzar en sus metas de desarrollo sostenible y democracia inclusiva», añadió.
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