San Salvador, 2 sep (EFE).- El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, pidió este miércoles a los diputados de la Asamblea Legislativa que reformen la Constitución para retirar la inmunidad a los funcionarios para que puedan enfrentar a la Justicia por delitos comunes.
La legislación salvadoreña establece que el presidente, diputados, jueces del Supremo, ministros, fiscal general y otros funcionarios responderán a la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan.
«Es la oportunidad para que los diputados puedan analizar esa reforma de que los funcionarios no tengamos fuero por delitos comunes. No deberÃa de existir esa limitante para que se cree, en algunos casos, impunidad por parte de algunos servidores públicos que han cometido delitos», señaló Melara.
Este llamado surge en momentos en los que los diputados esperan que Melara presente una solicitud de desafuero contra el diputado Arturo Simeón Magaña por supuestamente estar involucrado en un accidente de tráfico en el que falleció al menos una persona que lo acompañaba.
«Es momento de reflexionar, es momento de hacer los cambio necesarios» y «por el fuero no podemos llevar una pronta justicia a familiares de personas que han perdido la vida», añadió Melara.
El fiscal general denunció recientemente la falta de prontitud de la PolicÃa Nacional Civil (PNC) en realizar algunas diligencias en el caso del diputado Magaña y también lamentó que una jueza se negara a realizar una prueba de alcohol al legislador, mientras se encontraba en un hospital con custodia policial tras el percance ocurrido la madrugada del sábado.
Magaña es diputado de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), pero se ha mostrado crÃtico de su partido y cercano a las polÃticas del Gobierno de Nayib Bukele y del oficialismo, sin que el mandatario se haya pronunciado por el hecho.
El legislador lamentó en sus redes sociales la muerte de uno de sus «mejores amigos» y negó que haya manejado bajo los efectos del alcohol. El mensaje publicado en Twitter fue difundido ampliamente por medios locales, pero el mismo fue borrado.
Después de recibir la solicitud de desafuero contra Magaña, los legisladores deberán crear una comisión que determinará si procede o no el proceso de desafuero. Además, deberá nombrar de entre los diputados a un defensor y un fiscal.
La decisión de dicha comisión debe ser ratificada por los diputados en pleno con al menos 43 votos de los 84 legisladores.
El último proceso de este tipo lo enfrentó el expresidente del Congreso Norman Quijano, también de Arena, por supuestamente negociar votos a cambio de dinero con las pandillas cuando era candidato presidencial, pero la solicitud de la FiscalÃa recibió el respaldo necesario. EFE
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