(EFE).- El Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh, privado) presentó este martes un estudio en el que cuestiona la «falta de planificación» durante los procesos electorales en el país centroamericano, lo que conlleva un manejo «inadecuado» de los recursos públicos.
«Honduras sufre constantemente la falta de planificación durante los procesos electorales, que ha conllevado a un manejo inadecuado de los recursos públicos permitiendo recurrentes modificaciones presupuestarias», indicó el estudio, denominado «Análisis temático sobre el gasto público en elecciones primarias 2021».
La investigación fue presentada de manera virtual por Emily Flores e Ismael Zepeda, investigadores del Fosdeh, organismo que destacó que el proceso de los comicios primarios o internos de marzo pasado estuvo «lleno de inconsistencias y con una baja calidad técnica».
Las inconsistencias en el proceso comenzaron mucho antes de la convocatoria a las elecciones, en septiembre de 2020, y generaron «aún más desconfianza e incertidumbre electoral, dijo Flores en la presentación.
Los partidos Nacional, en el poder; Libertad y Refundación (Libre), primera fuerza de oposición, y Liberal, segunda, celebraron elecciones el pasado 14 de marzo, sin que el país contará con una nueva ley electoral, señaló el ente privado.
La tardanza en el desembolso del presupuesto del Consejo Nacional Electoral (CNE) entorpeció los procesos de compras y contrataciones, enfatizó el organismo que considera que Honduras debe adoptar «una planificación estratégica» que busque el desarrollo y bienestar social de su población.
Desde 2020, en Honduras se «ha observado una ausencia de planificación presupuestaria en los procesos electorales, lo que desemboca en indisciplina del manejo idóneo de los recursos públicos», insistió el Foro Social.
PROCESOS ELECTORALES COSTOSOS
«La democracia hondureña sigue en crisis, es pertinente para que los hechos no se repitan, recordar la persistente problemática desde el año 2017, la reelección presidencial y la ausencia de reforma electoral, que una vez combinadas generaron, como era de esperar, una creciente y preocupante percepción colectiva de fraude electoral», agregó.
Denunció que la actualización del censo electoral, la que «no cumplió con el cronograma electoral y de enrolamiento, presentó cientos de inconsistencias» y, para solventarlo, el CNE aprobó «un listado adicional, pero solamente algunos movimientos de los partidos decidieron utilizarlo», lo que dejó «una puerta abierta para la inflación de votos».
Se suma, la insuficiente capacitación de los miembros de Mesas Electorales Receptoras (MER), a pesar de que los partidos políticos recibieron presupuesto para asistencia técnica y financiera, y la ausencia de un Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y credenciales de los miembros de mesas sin nombre, señala el estudio.
«Honduras se ha caracterizado por tener procesos electorales relativamente costosos», subrayó el Fosdeh, que indicó que las elecciones primarias costaron más de 1.000 millones de lempiras (más de 41,5 millones de dólares).
La creación del CNE, en septiembre de 2019 en sustitución del Tribunal Supremo Electoral (TSE), «no ha sido suficiente para suprimir la ausencia de planificación que ha venido siendo una constante en la última década» en Honduras, según la investigación.
NUEVA LEY ELECTORAL
El Fosdeh instó al Parlamento hondureño a aprobar el presupuesto para el proceso electoral «con el suficiente tiempo», para garantizar un «uso eficiente y efectivo del gasto público», señaló Zepeda.
Honduras también debe invertir en un Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) «confiable» y aprobar la nueva Ley Electoral y la de Justicia Electoral previo a las elecciones generales de noviembre, añadió.
«Debemos tener la confianza de que exista la vinculación entre los órganos electorales con una comunicación expedita a la ciudadanía sobre los procesos electorales, no sabemos que ha sucedido con los procesos de contratación, todo está muy opaco», explicó.
Zepeda destacó la importancia de que el Registro Nacional de las Personas (RNP) aceleré el proceso de distribución del nuevo documento de identidad para garantizar «el oportuno derecho al sufragio a los ciudadanos, que aboné a la certeza electoral» de cara a las elecciones generales de noviembre. EFE
