Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre declaró que se hizo una queja formal desde Estados Unidos, en contra de la Cancillería de Honduras y a su titular Javier Bú Soto, por la retención de 400 mil documentos nacionales de Identificación (DNI) a los hondureños.
“No tienen ningún plan estratégico, no tienen nada elaborado para entregar, pero también hemos documentado y entregado las pruebas a las autoridades de la CONADEH, números de tarjetas de identidad, nombres completos de hondureños que viven en Estados Unidos y están habilitados en Honduras y hace saber de que utilizaron su identificación para votar allá en las elecciones primarias”, dijo.
Explicó que, en el pasado consulado móvil en Austin, Texas, estos hondureños pagaron 25 dólares para hacer cambios domiciliarios y aun así salieron habilitados para votar en Honduras. En ese sentido, los compatriotas radicados en el gigante norteamericano se abocaron a la Fundación para presentar su queja.
“Familiares que estuvieron en esas mesas electorales participando por el partido, en este caso me atrevo a decir, Libertad y Refundación, utilizaron identificaciones de estos compatriotas y por eso hemos hecho esta denuncia formal ante el CONADEH para que abran una investigación”, expresó.
No es la primera denuncia ante el CONADEH
Asimismo apuntó que estas denuncias no es nada nuevo, ya han denunciado anteriormente estas violaciones a los derechos humanos ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH). “Nos preocupa la retención de identidades, por ejemplo, acaba de anunciar la Cancillería que va a cerrar por un mes completo el consulado de San Francisco, California, que eso, es retención de identificaciones”, explicó.
Además en la misma queja, señaló que también se denunció a los tres comisionados del Registro Nacional de Personas: “tampoco ellos hicieron ningún esfuerzo por hacer cambios domiciliarios, estamos denunciando que hay más de 250 mil hondureños que tramitaron sus DNI en Honduras y están en Estados Unidos”.
“Cuando hemos hecho todas estas denuncias por estos últimos cuatro años, el RNP siempre dice que quien se encarga del extranjero es la Cancillería y que ellos son los responsables de hacer todo esto”.
“De 750 mil DNI, 500 mil que tiene la Cancillería y 250 mil que no son parte del RNP porque no hay cambio domiciliario”, agregó.
Ante la negación del excanciller Juan Enrique Reina, Flores lo denominó como una “activista político», por ser candidato designado y le recordó que “el enrolamiento inicio en 2019 fuimos excluidos, pero dentro de los Estados Unidos vinieron ha hacer un enrolamiento móvil, esto fue a mediado de mes de Julio en el año 2020, donde solo se pudieron enrolar 15 mil personas porque no inicio el procedimiento. Este inicio en el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, incluso se movió una comisión grandísima”.
Fundación 15 de Septiembre: Un millón y medio de hondureños se quedarán sin DNI
Igual cuestionó a la Cancillería de no resolver el tema de la tarjeta de identidad y siendo este el causante del problema. “Qué hizo el gobierno?, no le dio extensión a la vigencia antigua de la tarjeta de identidad y dejó que en el año 2023, para ser precisos el 14 de enero, dejó que venciera”, explicó que esto causó que un millón y medio de hondureños quedaran sin identificación.
También como respuesta a los 30 mil pasaportes, lo categorizó como negligencia de parte del canciller. “Cuando el canciller asumió la responsabilidad dejó el cambio de las nuevas máquinas de enrolamiento con el sistema antiguo, entonces no había conectividad y no pudieron trasladar la información de uno a otro y dejó toda esa mora de pasaportes que duró más de seis meses”.
Flores concluyó aclarando que no está defendiendo ningún gobierno y que hay documentación de las quejas hechas anteriormente. Pero si apuntando ante el cambio de enrolamiento, si era responsabilidad del gobierno de Xiomara Castro de enrolar a 2 millones de hondureños, «pero sin presupuesto, sin un plan estratégico, sin estratega o voluntad política», cerró.
LEA TAMBIÉN: Honduras enfrenta el reto de que se garanticen elecciones transparentes, según el Cespad
