(EFE).- El Centro de Estudio para la Democracia en Honduras (Cespad) advirtió que el Gobierno de Nasry Asfura, que cumplirá sus primeros 100 días, no ha mostrado un «cambio de rumbo significativo y mantiene un modelo marcado por exclusiones, desigualdades y dependencia externa».
En su informe ‘A 100 días del gobierno de Nasry Asfura: preocupaciones y demandas’, el Cespad señaló que la gestión de Asfura mantiene un modelo económico y político que prioriza el pago de la deuda, el impulso de proyectos extractivos y el fortalecimiento del aparato de seguridad por encima de la inversión social.
Asfura ganó las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en unos comicios marcados por denuncias de fraude y retrasos en el escrutinio de hasta un mes debido a una serie de fallos tecnológicos.
Persistencia de la impunidad
El director del Cespad, Gustavo Irías, afirmó a EFE que en los primeros 100 días del Gobierno de Asfura no se observa «un cambio de rumbo significativo», sino la continuidad de un modelo sustentado en «las exclusiones, las desigualdades y la dependencia».
Agregó que el Gobierno se ha limitado a «administrar la crisis» sin atender las causas estructurales que la originan, lo que, a su juicio, impide avances de fondo en el país.
El informe alerta sobre una agenda anticorrupción sin una «ruta estratégica» definida, con señales de continuidad de prácticas de clientelismo político, como la entrega de bonos a diputados y la «recentralización del control» en la Procuraduría General de la República (PGR), cuya independencia es cuestionada.
Irías indicó que, aunque existe una estrategia en curso, esta desconoce los esfuerzos de la última década para desmontar redes de «macrocorrupción», y expresó su «preocupación» por el retorno de prácticas como compras directas y el uso de fideicomisos.
El estudio cuestiona la agilización de licencias para proyectos extractivos sin garantizar consulta previa a las comunidades y advierte que en Honduras «persiste una impunidad alarmante» en crímenes contra defensores ambientales, como los de Bertha Cáceres y Juan López, asesinados en 2016 y 2024, respectivamente.
También denuncia que continúan los «desalojos violentos» en comunidades campesinas, la promoción de megaproyectos sin participación ciudadana efectiva y la criminalización de defensores del territorio.
El documento cuestiona también decisiones que, según Irías, favorecen a sectores agroexportadores y megaproyectos sin garantizar derechos territoriales ni mecanismos de consulta a comunidades agrarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes.
Crisis sanitaria y retrocesos en género
En materia de salud, el Cespad advierte sobre «una tendencia hacia la privatización» mediante contratación de servicios con clínicas privadas, en un contexto de crisis del sistema público por falta de insumos, mora quirúrgica y conflictos con personal médico.
«No se observan avances significativos en la reducción de la mora quirúrgica ni en el aprovisionamiento de insumos y equipamiento en los hospitales públicos», enfatizó Irías.
El informe resalta retrocesos en derechos de las mujeres por una narrativa «conservadora y familista» que, según el organismo, pone en riesgo la laicidad del Estado y el acceso a derechos reproductivos.
Añade que persiste una impunidad del 95 % en los femicidios y que la eliminación de la norma que obligaba a destinar el 10 % del presupuesto a políticas de género agrava la situación.
El organismo sostiene que la violencia ha repuntado en el país, con alza en el promedio diario de homicidios y reaparición de delitos de alto impacto, como masacres y secuestros, mientras la respuesta oficial sigue siendo «reactiva y militarizada».
El pasado 24 de abril, Asfura pidió a periodistas que no le midan «por unos días».
«Mídanme por los resultados en todos los meses y en los 45 meses que me quedan de Gobierno», subrayó. EFE
ac/gr/fa/mt/jrh
LE INTERESA SABER: Condenan a 15 privadas de libertad a la pena de 920 años de prisión por delito de 46 asesinatos y más
