Radio América. El índice de homicidios en Honduras no va a bajar comprando vehículos de lujo blindados con fondos de la tasa de seguridad, cuestionó este lunes el sociólogo y analista de la realidad nacional, Julio Navarro.
“En nuestro país estamos acostumbrados a que las leyes se distorcionen en su aplicación”, manifestó en declaraciones a Radio América.
Navarro señaló que cuando se creó la polémica Tasa de Seguridad Poblacional, más conocida como “tasón” en 2012, nadie se imaginó que para combatir la delincuencia a futuro se iban a necesitar automóviles de lujo.
“Era el mecanismo menos pensado que alguien especialista en seguridad podría creer que los índices de homicidios se podían bajar comprando carros de alta gama o de gran cilindraje para proteger a funcionarios públicos y no a la ciudadanía en general”, dijo.
En ese sentido manifestó que las prioridades fundamentales del Estado deben tener un verdaderos orden.
El analista político señaló que ante todo este colapso social es “justo” un reclamo al Gobierno por el “mal uso” de los escasos recursos con los que cuenta el Estado. “La mal utilización provoca daños en la población hondureña”, añadió.
“Lastima que el Gobierno entiende la situación como un problema de carácter político por parte de la oposición”, agregó.
Cabe mencionar que con los fondos de la Tasa de Seguridad poblacional se creó hace unos años un programa de alquiler de patrullas para la Policía Nacional, del cual se desconocen algunos detalles.
La principal fuente de ingresos para el “tasón” es el sistema financiero nacional con un gravamen a las operaciones realizadas en moneda nacional y extranjera de acuerdo a las tarifas establecidas.
Las declaraciones del sociólogo surgen luego de que el pasado 8 de junio trascendiera que el gobierno de Honduras habría adquirido en los últimos siete años una flota de 2,202 vehículos para los diferentes operadores de justicia a un costo de 720.2 millones de lempiras.
En la flota adquirida durante este tiempo se menciona sobre al menos 180 camionetas de lujo tipo Prado que supuestamente habrían sido asignadas a funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad.
