(EFE).- El Ministerio Público de Honduras inauguró este viernes una nueva oficina de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural (FEEPC) en la ciudad de Tela, en el Caribe del país, con apoyo de España.
La obra fue inaugurada por el fiscal adjunto de Honduras, Daniel Sibrian, en un acto en el que participaron el embajador de España en el país, Guillermo Kirkpatrick, y la titular de la Fiscalía de Etnias, Jany Del Cid.
Sibrian dijo que el Ministerio Público tiene «la responsabilidad» de proteger los intereses de la sociedad y «la tutela» en materia de derechos humanos.
La nueva oficina de la FEEPC, la primera fuera de Tegucigalpa, la capital, es «promover el reconocimiento, respeto, representación y defensa de los derechos» de las etnias, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
Además, permitirá facilitar el acceso a «una justicia diferenciada, basada en el reconocimiento de los acuerdos internacionales y normas nacionales de las personas indígenas y afrodescendientes».
El embajador de España afirmó que la Cooperación Española está «comprometida» con el apoyo para la defensa de los derechos de las poblaciones indígenas y afrodescendientes en Honduras.
Las obras, cuya inversión asciende a 307.400 euros (368.286 dólares), de ellos 160.000 euros (191.683 dólares) fueron aportado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), se ejecutaron por el Ministerio Público.
Los recursos permitirán también diseñar e implementar un programa de formación en derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Honduras (PIAH) basados en los estándares internacionales y nacionales, dirigido a funcionarios del sistema judicial e instituciones públicas del país, indicó la AECID.
Además, se diseñará un sistema de monitoreo de expedientes de personas de los PIAH, para analizar el cumplimiento de sus derechos en la nación centroamericana.
ATENCIÓN ESPECIALIZADA
La Fiscalía contribuirá a «mejorar las condiciones integrales» de acceso al sistema de justicia para unos 320.000 miembros de las etnias garífuna (negra), misquita, tolupanes, pech, tawahka e isleña, añadió.
Estas poblaciones tendrán una «atención especializada y una respuesta más rápida y eficiente» sin tener que trasladarse a la capital de Honduras, según la AECID.
El equipamiento de la oficina se realizó a través del proyecto «Fortalecimiento al acceso de justicia para las comunidades de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Honduras», cuyo objetivo es promover el respeto, el reconocimiento, representación y defensa de los derechos de esas etnias.
La iniciativa busca celebrar una «reunión estratégica de país» con el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina, para que el Ministerio Público de Honduras pueda «materializar acciones conjuntas», señaló.
La AECID trabaja con la Organización de Desarrollo Étnico Comunitario en un proyecto para apoyar el reconocimiento pleno de los derechos humanos y libertades civiles de los afrodescendientes, con enfoque de género, para hacer frente a los desafíos provocados por la discriminación racial y que «los expone a riesgos más profundos» en medio de la pandemia de la covid-19.
