Hondureños mantienen bloqueada este lunes una carretera en el Caribe de Honduras en protesta por la prohibición de porte de armas a civiles en el departamento de Colón, donde un conflicto agrario ha cobrado la vida de más de un centenar de personas en los últimos años.
Los manifestantes, entre ellos productores y ganaderos, han bloqueado las salidas y entradas a Colón para exigir la derogación del decreto 119-2012, que limita el porte de armas a personal militar, policial y de seguridad privada en esa región, donde está la zona del Bajo Aguán, que desde 2009 es escenario de enfrentamientos entre campesinos y terratenientes.
“Vamos a estar aquí por tiempo indefinido hasta tener respuesta, ya que desde hace varios años estamos exigiendo que se derogue ese decreto. La gente honrada, los dueños de negocios y empresarios están desarmados para defender sus bienes y los delincuentes si andan armados para asaltar y matar en Colón”, dijo a los periodistas Mauricio Ártica, uno de los manifestantes.
Señaló que los últimos dos años han «agotado todas las instancias nacionales» para que se derogue la reforma a la Ley sobre Control de Armas, Municiones y Explosivos aprobada por el Parlamento hondureño en agosto de 2012.
Ártica, un reconocido ganadero, indicó que los productores y población de Colón viven «en inseguridad», por lo que se oponen a la prohibición del porte de armas a civiles.
En los últimos años, Colón ha sido escenario de un conflicto entre campesinos y terratenientes que ha cobrado la vida de más de un centenar de personas, en su mayoría labriegos, según datos de organismos de derechos humanos.
El conflicto se concentra en el sector del Bajo Aguán, donde campesinos exigen tierras al Gobierno, que ha comprado terrenos a los hacendados que luego ha entregado a los labriegos organizados.
El diputado oficialista y presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento hondureño, Rafael Sarmiento, señaló que el decreto legislativo podría ser reformado para que las personas que necesitan portar armas tengan un salvoconducto.
“El decreto debe de tener una reforma para que puedan tener un salvoconducto las empresas que lo necesitan”, enfatizó Sarmiento, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre, en el poder).
No obstante, Sarmiento indicó que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), encabezado por la presidenta Xiomara Castro, es el ente encargado de decidir si se deroga o reforma el decreto para suspender la prohibición de armas a civiles en Colón. EFE
