(EFE).- La organización Human Rights Watch le dirigió este jueves una carta a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en la que le plantea que su Gobierno debe adoptar reformas que brinden mayor protección para los derechos fundamentales y el Estado de derecho tras años de retrocesos desde el golpe de Estado de 2009.
La directora en funciones de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner, le escribió a Castro para hacerle llegar un informe con una evaluación de los principales desafíos de derechos humanos en el país centroamericano, junto con recomendaciones que buscan contribuir a la agenda de Gobierno sobre esta materia.
«A partir del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya (esposo de Castro y ahora asesor suyo) el 28 de junio de 2009, en Honduras se han producido algunos de los retrocesos más graves para los derechos humanos y el Estado de derecho desde el momento de máxima violencia política que atravesó el país en la década de 1980», subraya la carta.
Añade que «el alto nivel de participación en las elecciones de 2021, en las que usted resultó electa, apunta al hastío de muchos hondureños ante la corrupción, la violencia y la falta de oportunidades económicas».
Castro ganó las elecciones generales de noviembre de 2021 y puso fin a 12 años consecutivos del Partido Nacional en el poder (los últimos 8 al frente de Juan Orlando Hernández), que fueron salpicados por múltiples denuncias de corrupción, narcotráfico y otros delitos.
«El informe describe problemas de derechos humanos que la instamos a atender de forma prioritaria y propone recomendaciones sobre cómo abordarlos. Somos conscientes de que su plan de Gobierno, formulado con amplia participación de la sociedad civil, ya pone en relieve algunas de estas cuestiones», señala la misiva de Tamara Taraciuk Broner a la mandataria.
Además, le describe los desafíos que tiene Honduras en lo que respecta a la independencia judicial y del Ministerio Público; la lucha contra la corrupción, derechos de mujeres y niñas; los derechos de las personas LGBT, el trabajo independiente de la sociedad civil y los periodistas, y la libertad de expresión; migración y desplazamiento interno y derechos sobre la tierra.
«Esperamos que nuestra evaluación contribuya a su programa de Gobierno en relación con los derechos humanos» y «quedamos a su disposición para dialogar sobre nuestra evaluación y brindar los detalles que puedan resultar pertinentes para la implementación de nuestras recomendaciones, que tienen por objeto fortalecer la protección de los derechos humanos en Honduras», concluye la carta.