Radio América. El Gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Estado que dirige el secretario Antony Blinken, publicó hoy el Informe Anual de Derechos Humanos 2022, en el que abarca el capítulo de: Informes de países sobre prácticas de derechos humanos: Honduras en el que destaca el desarrollo del país en la materia, señalando que ha habido una «impunidad generalizada».
En el documento de 26 páginas sobre los derechos humanos en Honduras, indican la llegada al poder de la actual presidenta Xiomara Castro del partido Libre y las reseñas de los obervadores internacionales del proceso electoral, «generalmente reconocieron las elecciones como libres y justas», dijeron.
Sobre el tema de la seguridad nacional, el Informe señala que «las autoridades civiles mantuvieron un control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron algunos abusos».
«Las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de: ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; torturas y casos de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de agentes del Estado; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios, incluidas las amenazas a los miembros de los medios por parte de elementos criminales; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género; y delitos que impliquen violencia o amenazas de violencia contra comunidades indígenas y afrodescendientes, y contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer e intersex», agregaron.
También señala que el gobierno procesó a algunos funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en corrupción, «pero un sistema judicial débil y la corrupción fueron obstáculos importantes para obtener condenas».
«Los grupos delictivos, incluidas las bandas locales y transnacionales y los narcotraficantes, fueron perpetradores importantes de delitos violentos y cometieron actos de homicidio, tortura, secuestro, extorsión, trata de personas, intimidación y otras amenazas y violencia dirigidas contra defensores de derechos humanos, autoridades judiciales y abogados, miembros de la comunidad empresarial, periodistas, blogueros, mujeres y otras poblaciones vulnerables. El gobierno investigó y procesó algunos de estos crímenes, pero la impunidad fue generalizada», destacan.
En la sección del respeto a la integridad de la persona / privación arbitraria de la vida y otro homicidios ilícitos o por motivos políticos, el gobierno de EEUU dijo que «hubo varios informes de que el gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales». El informe destaca varios asesinatos de alto impacto.
Sobre desaparecidos en Honduras, el Departamento de Estado señaló que «no hubo informes creíbles de desapariciones por parte de las autoridades gubernamentales o en su nombre».
En el capítulo de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y otros abusos relacionados, el informe señala que «aunque la ley prohíbe tales prácticas, funcionarios del gobierno recibieron denuncias e investigaron presuntos abusos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad en las calles y en los centros de detención».
«CONADEH reportó 31 casos de presunta tortura o tratos crueles e inhumanos por parte de las fuerzas de seguridad hasta agosto, mientras que el Ministerio Público recibió 10 informes de este tipo hasta julio. El CONAPREV recibió 28 denuncias de uso de tortura o tratos crueles e inhumanos hasta septiembre», agregaron.
«La corrupción, junto con la falta de recursos de investigación y las demoras judiciales, generaron una impunidad generalizada, incluso para los miembros de las fuerzas de seguridad», destacaron.
Sobre las condiciones de las prisiones y centros de detención, el Informe Anual indica que «eran duras y, en ocasiones, amenazaban la vida debido a la violencia generalizada relacionada con las pandillas y al fracaso del gobierno para controlar la actividad delictiva dentro de las prisiones. Los reclusos padecían un grave hacinamiento; acceso insuficiente a alimentos, agua y suministros médicos; violencia; y presuntos abusos por parte de funcionarios penitenciarios».
El Instituto Nacional Penitenciario informó que al 13 de octubre la población carcelaria total era de 19.619 en 25 cárceles y un centro de detención. Según CONAPREV, el sistema fue diseñado para aproximadamente 13.000 internos.
En la sección de Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno, el Departamento de Estado señala que en Honduras la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, «pero las autoridades no implementaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron incurriendo en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental».
«El 2 de febrero, el Congreso Nacional aprobó una ley de amnistía retroactiva que absolvió de delitos a los funcionarios públicos que trabajaron durante el gobierno de Zelaya (2006-09). Hasta octubre, al menos 24 acusados utilizaron la ley para que se desestimaran los casos de corrupción», dijeron.
Además, agregan en el informe que el 1 de marzo, el Congreso Nacional derogó la Ley de Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, mejor conocida como Ley de Secretos. «La sociedad civil había criticado la ley por limitar la transparencia y permitir que los funcionarios utilizaran la clasificación de documentos para ocultar la corrupción».
Destacan algunos procesos judiciales contra el ex director de Invest-H, Marco Bográn, el excomisiondo presidente de Copeco, Gabriel Rubí y la exprimera dama de Honduras,Rosa Elena Bonilla de Lobo.
LEA INFORME COMPLETO AQUÍ: https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/honduras/
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