Radio América. El departamento de Estado de Estados Unidos, emitió un informe nacional de 2020 sobre prácticas de derechos humanos en Honduras. En una de las secciones relevantes, destaca la corrupción y falta de transparencia en el gobierno.
En el informe, el departamento de Estado afirma que la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero las autoridades no aplicaron la ley de manera efectiva y los funcionarios continuaron participando en prácticas corruptas con impunidad. Hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año”.
Resaltan que el gobierno tomó medidas para abordar la corrupción en los niveles más altos de las agencias gubernamentales, incluido el arresto y acusación de miembros del Congreso, jueces, fiscales, altos funcionarios y ex altos funcionarios, alcaldes y otras autoridades locales y policías.
“Los esfuerzos anticorrupción siguieron siendo motivo de preocupación, al igual que la capacidad del gobierno para proteger a los funcionarios del sector de la justicia, como fiscales y jueces”, puntualizan.
El departamento ejecutivo federal responsable de las relaciones internacionales y de la política exterior de Estados Unidos, recuerda que luego de meses de negociación, el gobierno y la OEA no llegaron a un acuerdo para mantener la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y su mandato expiró en enero.
Igualmente reconocen que el Ministerio Público creó una nueva unidad anticorrupción, la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción, que se encarga de perseguir los casos de corrupción heredados de la MACCIH.
Departamento de Estado narran hechos del 2020:
«Corrupción: El 13 de marzo, la Corte Suprema de Justicia ordenó un nuevo juicio para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente Porfirio Lobo, quien fue condenada en agosto de 2019 por fraude y apropiación indebida de fondos públicos y condenada a 58 años. en prisión. La Corte Suprema de Justicia citó la presencia de personal de la MACCIH durante las investigaciones del Ministerio Público, incluso en la ejecución de órdenes de allanamiento en violación de la ley. Un tribunal especializado en sentencia anticorrupción ordenó su liberación de la prisión preventiva el 23 de julio. Hasta septiembre no se había fijado una nueva fecha para el juicio. El 5 de agosto, una corte de apelaciones desestimó los cargos contra 22 acusados en el llamado caso Pandora, un esquema de 2013 que supuestamente canalizó 289,4 millones de lempiras ($ 12 millones) en fondos agrícolas del gobierno a campañas políticas.
Durante el año, el Consejo Nacional Anticorrupción informó de numerosas irregularidades en la compra de suministros médicos de emergencia durante la pandemia. El Consejo presentó 11 informes en una serie llamada, la corrupción en el T IME de COVID-19. Los informes alegaban ganancias ilícitas de más de 1.640 millones de lempiras (68 millones de dólares) por parte de funcionarios del gobierno en la compra de suministros médicos. Invest-H, la agencia a cargo de la compra de suministros médicos durante la pandemia, compró siete hospitales móviles por 1,13 mil millones de lempiras ($ 47 millones), más de 289,4 millones de lempiras ($ 12 millones) por encima del precio cotizado por el fabricante. El director de Invest-H, Marco Antonio Bogran Corrales, renunció a su cargo en julio y fue acusado en octubre de dos cargos de corrupción por malversar un estimado de 1.3 millones de lempiras ($ 54,000) en fondos públicos y canalizar un contrato para hospitales móviles a su tío. Las autoridades arrestaron a Bogran el 5 de octubre y lo liberaron el 8 de octubre bajo fianza en espera de juicio. El director de la agencia nacional de gestión de desastres, Gabriel Rubí.
Divulgación de información financiera: Los funcionarios públicos están sujetos a una ley de divulgación de información financiera, pero no siempre la cumplieron. La ley exige que el Tribunal Supremo de Cuentas controle y verifique las divulgaciones. El tribunal publicó sus informes en su sitio web y citó los nombres de funcionarios públicos que no cumplieron con la ley de divulgación».
Informe completo de departamento de Estado: https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/honduras/