Radio América. El expediente judicial del capitán en condición de retiro Santos Rodríguez Orellana y su familia ingresó al Tribunal de Sentencia, así lo informó su apoderado legal, Salomón Amador.
El experto en leyes comunicó que han sido notificados y emplazados a la vez por parte del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal para presentar las nulidades y recusaciones.
“Tenemos un plazo de cinco días para presentar ante el tribunal las nulidades, recusaciones e incidentes que podamos tener en el caso de Santos Orellana”, dijo.
“Estamos analizando con los demás defensores para estudiar si es necesario hacer uso de este término o renunciar al mismo hasta celebrar el debate para no dilatar este proceso”, indicó.
Amador confía que el juicio oral y público será una etapa en la que tanto su representado como su familia demostrarán ante el tribunal y ciudadanía hondureña la no participación en el delito de lavado de activos.
Cabe mencionar que la mañana del pasado 04 de noviembre de 2021 el capitán en condición de retiro y excandidato presidencial independiente, Santos Rodríguez Orellana, fue detenido en el aeropuerto Toncontín de Tegucigalpa, capital hondureña.
Junto al exmiembro de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) fue detenida su esposa Jennifer Lizzeth Bonilla y su suegra Reina Lizeth Bonilla.
A los antes mencionados se les supone responsables del delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público (MP), un testigo protegido del sector de Brus Laguna, Gracias a Dios, manifestó que el excapitán realizaba operativos en la zona y al encontrar dinero o droga no la declaraba en su totalidad quedándose con parte de lo incautado.
Tras un análisis financiero, la Fiscalía pudo comprobar que este recibió por concepto de ingresos brutos más de dos millones y medio de lempiras y en salarios netos 813 mil 918 lempiras.
Su esposa y suegra tuvieron de acuerdo a los análisis bancarios y las fuentes de ingreso entre los años 2010 a 2020, más de 238 millones de lempiras en ingresos no justificados.
Con información de Estela Rovelo
