La ex primera dama, Ana García, posteó un documento este miércoles explicando la situación acerca de los documentos clasificados que está exigiendo la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández.
El PDF explica que la defensa de Hernández presentó varias cartas en donde expuso varios puntos a la corte. Acá te compartimos lo explicado en el documento que compartió la ex primera dama, Ana García:
SOBRE LA INFORMACION CLASIFICADA
EN EL CASO CONTRA JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
- La jurisprudencia –incluso la jurisprudencia que emana de la Bahía de Guantánamo– establece que se debe salvaguardar el derecho de acceso del acusado y que no se deben permitir restricciones que impidan dicho acceso a la información clasificada, como pretende hacer en el caso contra mi esposo Juan
Orlando la Fiscalia del Distrito Sur de NY. En relación al litigio de información clasificada, la Defensa de Juan Orlando presento varias
cartas donde, entre otros temas, le señala a la Corte:
- Esta carta se refiere únicamente al “Documento” de 5 páginas presentado por los abogados no autorizados, Sres. Stabile y Colón (el «Documento»). El “Documento” contiene información que los abogados no autorizados derivaron de sus conversaciones con Juan Orlando Hernández. A su vez, Juan Orlando, quien no es ciudadano de los Estados Unidos, derivó su información de fuentes que ni una sola
vez le pidieron guardar secreto de la información que recibió como resultado de su cargo como Presidente del Congreso de Honduras, y luego como Presidente de Honduras. En resumen, la información contenida en el “Documento” fue compartida libremente con, y por, el Sr. Juan Orlando Hernández durante años –
tanto antes de ser detenido, como luego con cualquier persona con la que decidiera compartirla en el Centro Metropolitano de Detención. - El gobierno, habiendo recibido este “Documento” y después de la revisión de la clasificación, se negó a conceder al abogado autorizado la necesidad de conocer y tener acceso al “Documento”.
- El “Documento” que produjeron en el SCIF los abogados no autorizados de la defensa, es ahora marcado por el Gobierno con un nivel de clasificación superior siendo información que ninguno de los accionistas (agencias de seguridad) ni el Gobierno trataron nunca de proteger y que no se mantuvo en secreto, nunca, ni siquiera después de que Juan Orlando fuera detenido y encarcelado en el MDC en abril. de 2022. Es ahora a pocos días del inicio del juicio, cuando el gobierno la ha clasificado con un «nivel alto».
- La postura del gobierno sobre el “Documento” infringe indebidamente y sin justificación legitima el derecho de Juan Orlando a que sus abogados presenten una defensa completa y adecuada en su nombre. La defensa de Juan Orlando debería poder utilizar el “Documento” sin las restricciones que el gobierno pretende imponer a ese uso.
- Ademas la Defensa le pide a la Corte que no debería permitir que se mantengan las restricciones indebidas del Gobierno. La jurisprudencia –incluso la jurisprudencia que emana de la Bahía de Guantánamo– establece que se debe salvaguardar el derecho de acceso del acusado y que no se deben permitir
restricciones que impidan dicho acceso. (Véase Estados Unidos contra Majid Shoukat Khan., Poder Judicial de Primera Instancia de Comisiones Militares, Bahía de Guantano, Cuba, AE 030E (9 de abril de 2019) (el acceso no puede ser determinado únicamente por el gobierno; la Corte puede y debe salvaguardar el
derecho de acceso del acusado). - La Defensa ha consultado una vez más con los funcionarios de seguridad de la información del Tribunal (CISO) en este caso, quienes informan que mediante prueba podrían disponer de una portátil con las medidas de seguridad adecuadas. Ademas, El SCIF que realizó el descubrimiento de la Regla 16 en el mayor caso de filtración de la CIA jamás realizado (ver https://www.nytimes.com/2020/03/09/nyregion/cia-wikileaks-joshua-schulteverdict.html) está disponible, y los CISO no han expresado ninguna preocupación
sobre el material almacenado allí de manera adecuada. - Dada la duración del juicio por venir, el derecho del acusado a testificar en su propia defensa y la importancia de brindarle una defensa completa, el Tribunal debería eliminar o modificar las condiciones del gobierno. Como mínimo, la Corte debería ordenar al gobierno que proporcione razones concretas por las cuales los abogados defensores autorizados deberían tener que trabajar bajo las restricciones constitucionalmente inadmisibles del gobierno.
Información compartida por la ex primera dama, Ana García.
➡️ Les comparto una explicación actualizada sobre lo que está pasando en el litigio de la INFORMACIÓN CLASIFICADA en el caso que injustamente se presento contra mi esposo @JuanOrlandoH.
Juan Orlando es #inocente, la verdad prevalecerá. Pronto #volvera. pic.twitter.com/GFU1GbRofr
— Ana García de Hernández (@anagarciacarias) February 14, 2024
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