La inseguridad alimentaria aguda afectó a 17,8 millones de personas de Latinoamérica y el Caribe en 2022, según el informe de la Red Global contra las Crisis Alimentarias (GNAFC) publicado hoy en colaboración con distintas agencias de la ONU, que destaca que 258 millones de personas de 58 países del mundo la sufrieron el año pasado.
La GNAC señala que cinco países de la región sufrían «graves crisis alimentarias»: Colombia (refugiados y migrantes), República Dominicana, Guatemala, Haití y Honduras, mientras que de cuatro no había datos o no cumplían los requisitos para su inclusión en el informe, Cuba, Ecuador, Perú (residentes, refugiados y migrantes) y Venezuela.
Haití tenía el mayor número de personas que se enfrentaban a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, con 4,72 millones, el 26 % de la población, seguido por Guatemala (4,6 millones), Honduras (2,64 millones) y República Dominicana (1,55 millones).
«Resulta preocupante que Venezuela, el epicentro de la crisis migratoria en la región, no disponía en 2022 de ningún dato sobre inseguridad alimentaria a nivel nacional en 2022», se señala en el informe.
Además, la GNAFC destaca que «tres grandes crisis alimentarias en la región -Colombia (refugiados y migrantes), Guatemala y República Dominicana- son países de renta media-alta, lo que sugiere que tienen mayor capacidad para hacer frente a la situación en comparación con los países de renta baja y media que sufren o los que se enfrentan a una afluencia de refugiados/migrantes».
Sobre Colombia, «la grave situación de inseguridad alimentaria de los refugiados y migrantes era preocupante debido a las crecientes crisis económicas que se han sumado a los efectos negativos del conflicto y los fenómenos meteorológicos extremos», indica la GNAFC, que recuerda que el país acoge al mayor número de refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo, con 4,8 millones de personas.
El 62 % de esa población se estima que sufría de inseguridad alimentaria moderada o grave en junio-agosto de 2022, lo que representa un deterioro en comparación con el análisis anterior realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU en 2019, cuando era del 55 % de esa población.
La situación era aún peor para los migrantes pendulares y en tránsito, con un 73 % de las personas de ambos grupos con una inseguridad alimentaria aguda moderada o grave en comparación con el 52 % de las personas con intención de establecerse.
«En general, cerca de la mitad de los hogares de refugiados y migrantes no consumían una dieta adecuada, hacían menos de tres comidas al día y tenían una dieta poco variada», se destaca en el informe, que añade que «la inseguridad alimentaria aguda es mayor entre determinados grupos socioeconómicos, en particular los hogares indígenas y los grupos afrodescendientes».
Sobre la República Dominicana, la GNAFC explica que es un país de renta media alta en el que la subida de precios en 2021 y 2022, principalmente por los efectos de la guerra en Ucrania, «afectó negativamente a los ingresos reales y al poder adquisitivo de hogares vulnerables, limitando su acceso a los alimentos».
De octubre de 2022 a febrero de 2023, se estima que 1,4 millones de personas sufrían inseguridad alimentaria, 142.000 en situación de emergencia, en particular en las provincias de Baoruco, Elías Piña, La Altagracia, Monte Plata, Pedernales y San Juan.
Además, la llegada del huracán Fiona en septiembre pasado afectó negativamente a las oportunidades de subsistencia en las zonas afectadas, donde 43.000 personas fueron desplazadas.
En el caso de Guatemala, el empeoramiento de las condiciones socioeconómicas agravadas por los fenómenos meteorológicos y el aumento de los precios mundiales de los alimentos, el combustible y los fertilizantes llevaron a 4,6 millones de personas a sufrir escasez en junio-septiembre de 2022.
Se trata de la cifra más alta registrada por la GNAFC, que ha elaborado siete informes anuales hasta la fecha y que destaca que «los hogares vulnerables han sido incapaces de recuperarse de los choques económicos y climáticos superpuestos desde 2018».
En comparación con el año anterior, el número de personas en situación de emergencia aumentó casi un 30 % y los departamentos más afectados, con al menos un tercio de su población afectada, se encontraban en el centro y el norte del país, según el informe, que cita Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Quiché, Petén y Totonicapán.
Sobre Honduras, el informe explica que unos 2,64 millones de personas o el 28 % de la población se encontraban en situación de inseguridad alimentaria de junio a agosto de 2022, una mejora respecto a los 3,3 millones de julio-septiembre de 2021 (CIF, febrero de 2021), aunque matiza que este dato no tiene en cuenta los efectos económicos de la guerra en Ucrania.
Entre junio y agosto de 2022, de los 18 departamentos del país, 17 sufrían crisis alimentaria, con mayor proporción de la población en esta situación en los departamentos de El Paraíso, Gracias a Dios Intibucá, La Paz, Lempira, Santa Bárbara y Yoro, con más de un tercio.
Mientras que en términos de magnitud, seis departamentos -Cortés, El Paraíso, Francisco Morazán, Olancho, Santa Bárbara y Yoro- representaban alrededor del 60 % de las personas que sufrían inseguridad alimentaria. EFE
