La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes el asesinato en Latinoamérica de ocho periodistas en el ejercicio de su profesión y la desaparición de otro, al tiempo que subrayó la responsabilidad de los Gobiernos para «que no queden en la impunidad» estos crímenes.
En la resolución emitida al término de la reunión semestral celebrada de forma virtual, la SIP denunció que desde la Asamblea general de octubre de 2020 han sido asesinados ocho periodistas: cuatro en México y uno en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras, mientras continúa desaparecido un reportero en México.
Consideró además la situación de Honduras, donde 29 periodistas se han acogido a la Dirección General del Sistema de Protección a causa de la violencia y la amenazas.
En la resolución condena los asesinatos de Jaime Castaño, Israel Vázquez, Jesús Alfonso Piñuelas y Arturo Alba Medina (México), de Andrés Felipe Guevara (Colombia), Efraín Ruales (Ecuador), Mario Ortega (Guatemala) y Pedro Arcángel Canelas (Honduras), así como la desaparición de Pablo Romero Chávez en México.
En su informe contra la impunidad, la SIP exhorta a los Gobiernos de México, Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras a cumplir con su «responsabilidad de identificar a todos los responsables de los asesinatos y desapariciones».
El organismo reprobó que en Colombia, por falta de avances en los procesos penales, prescribieran los asesinatos de periodistas perpetrados en el año 2000, en concreto el asesinato de Juan Camilo Restrepo Guerra, Gustavo Ruiz Castillo, Guillermo León Agudelo y Alfredo Abad López.
Y alerta sobre la posibilidad de que en los próximos meses también prescriban los asesinatos de una docena de periodistas colombianos.
Denuncia también que en México el mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas «ha sido incapaz de funcionar como un órgano nacional de coordinación eficaz», de contar con recursos suficientes, lo que «coloca en grave riesgo a los periodistas».
La SIP, con sede en Miami (EE.UU.), subraya que «el asesinato y la desaparición de periodistas y trabajadores de medios de comunicación constituye una forma extrema de censura».
Reclamó también a las autoridades brasileñas la realización del juicio a los acusados del asesinato del periodista Valério Luiz, así como su compromiso de «no adoptar discursos públicos que expongan a los periodistas a la violencia» y «aumenten su vulnerabilidad».
En esta resolución, la SIP instó a las autoridades estatales brasileñas a que «reconozcan la legitimidad y el valor del periodismo», incluso en situaciones en que la información «pueda resultar crítica o inconveniente para los intereses del Gobierno».
Pidió, asimismo, al Gobierno brasileño su «apoyo» para llevar a juicio a los imputados por el asesinato de Luiz, locutor de radio, ocurrido el 5 de julio de 2012 en la ciudad de Goiânia, estado de Goiás.
El juicio a los acusados, Urbano de Carvalho Malta, Marcus Vinícius Pereira Xavier, Adema Figueredo Aguiar Filho, Djalma Gomes da Silva y el expresidente del Atlético Goianiense, Maurício Borges Carvalho, este último considerado autor intelectual del crimen, se había aplazado sin fecha a causa de la pandemia.
Hace extensivo el uso de recursos del Gobierno brasileño para otros casos de asesinatos de periodistas que están siendo investigados en los que los implicados «aún no han sido identificados y castigados».
La SIP solicitó medidas a Brasil para que la sociedad civil «tenga garantizado su derecho de participación en la Comisión Permanente por el Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión», vinculada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Recuerda en su resolución general que la «falta de justicia e impunidad, incentiva otros actos de violencia, conduce a la autocensura como mecanismo de defensa», situación que genera un «efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión». EFE
