RADIO AMÉRICA._ «La discusión sobre el futuro del sector energético hondureño no puede limitarse a consignas ideológicas ni a discursos sobre inversión extranjera; debe analizarse a la luz de los hechos, de las advertencias formuladas en su momento y de los resultados observados en otros países que recorrieron caminos similares”, lo expuesto por el extitular del Congreso Nacional, Luis Redondo.
De igual manera menciona que durante años se promovió la idea de que la transformación del sector eléctrico en el país, la fragmentación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en sociedades mercantiles subsidiarias y la apertura a nuevos esquemas de inversión traerían mayor eficiencia, competitividad y energía más barata para los hondureños».
Destacó que incluso la embajada de los Estados Unidos en Honduras y el Departamento de Estado expresaron públicamente su respaldo a reformas que, según afirmaban, impulsarían la inversión, fortalecerían la competitividad y contribuirían a un acceso más confiable y asequible a la energía. «Sin embargo, desde el inicio existieron voces que advirtieron sobre los riesgos de ese modelo».
Reformas
Mencionó, que el economista y congresista Hugo Noé Pino, a «quien en mi período legislativo nombré como presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, advirtió que la reforma representa una privatización disfrazada y alertó sobre el riesgo de que los activos estratégicos de la ENEE, represas, líneas de transmisión, subestaciones y demás infraestructura construida con recursos del pueblo hondureño terminarán siendo transferidos a sociedades mercantiles susceptibles de ser privatizadas en el futuro».
Posteriormente, el exgerente de la ENEE, Erick Tejada, señaló que el esquema contenido en la normativa reproducía el modelo implementado en Guatemala, donde las empresas subsidiarias se rigen bajo criterios mercantiles y donde, con el paso de los años, la mayor parte de los activos de distribución eléctrica terminó privatizada.
«Según su análisis, ese proceso concluyó con algunos de los precios de energía residencial más altos de Centroamérica y con la pérdida de control público sobre infraestructura estratégica».
Preocupaciones
«Las preocupaciones no eran infundadas, el propio texto legal establece que las subsidiarias de la ENEE serían constituidas como sociedades mercantiles y que sus bienes, compras, contrataciones y financiamientos se regirían por normas del derecho mercantil».
Además, señaló que podrían contratar «préstamos con instituciones financieras nacionales e internacionales, emitir instrumentos de deuda y operar bajo estructuras propias del mercado privado, para muchos especialistas, estos elementos constituyen la arquitectura jurídica necesaria para avanzar gradualmente hacia una privatización escalonada del sistema eléctrico nacional».
Debate
«El verdadero debate no es únicamente quién genera la energía, el verdadero debate es quién controla el sistema eléctrico nacional, con la aprobación del Decreto 46-2022 reconocimos que la energía constituye un bien público de seguridad nacional y un derecho humano precisamente porque quien controla el despacho, la transmisión, la regulación y la planificación energética controla uno de los pilares fundamentales de la soberanía del Estado».
«La discusión no puede reducirse a un simple negocio de compra y venta de electricidad; está en juego el control de una infraestructura estratégica para el desarrollo, la seguridad y la independencia nacional. La experiencia internacional demuestra que estas advertencias no deben tomarse a la ligera».
Estados Unidos
Especificó que en Estados Unidos, particularmente en California, se impulsaron durante años políticas energéticas presentadas como modernas, sostenibles y beneficiosas para los consumidores. Sin embargo, el resultado fue un incremento sostenido de las tarifas eléctricas, trasladando a los contribuyentes miles de millones de dólares en costos regulatorios, infraestructura, subsidios cruzados y decisiones de política pública mal estructuradas.
«Precisamente sobre este tema sostuve una conversación con el congresista estadounidense Lou Correa durante una visita oficial a San Pedro Sula, Honduras. En presencia de la entonces embajadora de los Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, el congresista expresó una reflexión que considero particularmente relevante: los hondureños deben construir su propio modelo de desarrollo y no asumir que las soluciones diseñadas en otras naciones son necesariamente las correctas para Honduras. Reconoció que incluso Estados Unidos, siendo una de las naciones más poderosas del mundo, ha cometido errores en determinadas políticas públicas y que los resultados de esas decisiones han terminado afectando directamente a los contribuyentes y electores estadounidenses».
