El exdirector nacional de bienes del Estado, Luis Sosa, advirtió que “el gobierno de Nasry Asfura no puede someter a subasta el avión presidencial hasta que el Ministerio Público no defina qué fue lo que sucedió y dónde estuvo el dolo cometido para la adquisición del aparato”.
“En el año 2022, por orden de la presidenta Xiomara Castro, se remitió al Ministerio de Defensa para que se procediera a la subasta del avión presidencial; Defensa envió, como lo establece la ley, a la Dirección Nacional de Bienes del Estado un expediente para que incorporáramos el avión como un patrimonio del Estado”.
Revisión
Resaltó que cuando los equipos técnicos iniciaron a revisar la documentación, encontraron algunos defectos: “Y lo más grave era que no había una factura original que nos dijera que ese avión era propiedad del Estado de Honduras o que había sido adquirido por parte del Estado”.
Destacó que encontraron un documento denominado “proforma” y que el mismo venía “prácticamente en una fotocopia con dos firmas ilegibles sin nombre, con un membrete medio raro”.
Defectos
Además, dio a conocer que encontraron otro tipo de defectos que “son prohibiciones del Estado de Honduras; este aparato tenía 3500 horas de vuelo, lo que significa que era un aparato usado”.
“Había incongruencias; decía que el avión tenía un costo de 14 millones de dólares y cuando le hicimos la inspección en el 2022 encontramos realmente un aparato que en su interior estaba semidestruido y estaba siendo usado; según la bitácora de vuelo, tenía de 3,000 a 4,000 horas de vuelo con destino a América del Sur, Europa, Asia y México; además, se encontraron 10 nombres de personas desconocidas”.
Definió que ante esta situación entregaron a la Secretaría de Defensa para que ante el Ministerio Público realizaran las investigaciones de rigor para “detectar qué fue lo que sucedió en el proceso de adquisición de este avión”.
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