Radio América. Miembros de la Policía Nacional desalojan a más de 120 familias de la comunidad indígena Lenca «Tierras del Padre», salida al sur de la capital hondureña.
Tras tal acción, la ministra de Derechos Humanos (DDHH), Natalie Roque, informó que con instrucciones de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, enviaron acompañamiento y abogados para suspender el desalojo.
“Acompañamos a pobladores de Tierras del Padre. Los operadores de justicia continúan en poder de la dictadura», dijo.
Roque detalló “hemos brindado acompañamiento que se tradujo no solamente en una opinión jurídica que se ha enviado al más alto nivel de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se establece toda una serie de antecedentes que habla incluso de la existencia de territorios ancestrales indígenas».
Además de esto, precisó que han acompañado a la comunidad indígena físicamente junto a altos comisionados de derechos humanos para interceder y que cese este desalojo porque de acuerdo al estudio legal que han realizado, hay suficientes elementos para considerar esta decisión del Poder Judicial y establecer un nuevo proceso que permita dilucidar en primera instancia cual es la situación de la tenencia de esa tierra.
La funcionaria de gobierno declaró que realizaron una serie de recomendaciones respecto a la orden de desalojo y la más importante de ellas es que se considera la existencia de ese título ancestral.
Del mismo modo, invitan a conformar una mesa técnica para que se suspenda provisionalmente esta orden de desalojo tomando en cuenta que las acciones que se están desarrollando son causantes de sufrimiento y pueden ser consideradas como tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían constituir violaciones a los derechos humanos.
La ministra dijo que han dialogado con las más altas autoridades de Defensa y Seguridad donde habían acordado un compromiso de no ejercer ningún tipo de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
“Nos encontramos monitoreando la situación con suma preocupación porque nos llegan reportes de personas desmayadas, mujeres y niños dentro de las casas a punto de ser desalojados y una situación de violación de derechos humanos”, compartió.
Mencionó que en este momento lo que debe proceder es detener el desalojo tomando en cuenta que se está hablando de más de 120 familias que quedarían en la calle.
La defensora de los derechos humanos recordó que existe una separación de los poderes del Estado “que hace que nuestro mandato tenga una circunscripción determinada y efectivamente hemos hecho al más alto nivel la comunicación con toda una argumentación de la violación a los derechos humanos en comunidades vulnerables que deben ser protegidas”.
Roque señaló que lo ideal en este momento es dilucidar con claridad la situación porque existe una serie de normativas a las tierras ancestrales de título indígena.
“Lo que se está pidiendo es que se haga el estudio a profundidad para determinar la posesión de la tierra antes de proceder a desalojos de esta naturaleza”, añadió.
Aclaró que en ningún momento pretenden vulnerar otros derechos como los económicos y los de la propiedad privada.
Con información de Javier Rivera