Radio América. El asesor legal del Consejo hondureño de la empresa privada (Cohep), Rafael Jeréz, manifestó este sábado que el Ministerio Público debe preservar el ejercicio de la acción penal pública y que la CICIH pueda trabajar como querellante adhesivo.
El profesional del derecho detalló en ese sentido que dicha figura del querellante adhesivo requiere una reforma al Código Procesal Penal.
“Se debe buscar que la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) pueda trabajar con el Ministerio Público, lo que implica que la fiscalía debe preservar el ejercicio de la acción penal que constitucionalmente está reconocida”.
“La CICIH debería trabajar también eventualmente como querellante adhesivo, obviamente estas son figuras que se deben estudiar con mucho detalle”, expresó el entrevistado en declaraciones a Radio América.
El querellante adhesivo, apuntó el representante legal del sector privado, existió bajo esa figura en el país vecino de Guatemala, en donde implicaba que la CICIG podía iniciar por cuenta propia la persecución penal o se podía adherir a la del MP.
“Nosotros creemos que es importante que pueda adherirse a la del Ministerio público para que trabajen de la mano y no se debilite la institucionalidad en el país”, acotó.
Jeréz exhortó a que Honduras no experimente las situaciones complejas en el ente acusador del Estado como lo vivió Guatemala con la salida de la CICIG.
“Muchos de sus exfiscales tuvieron que salir del país cuando quisieron continuar con el trabajo que estaban haciendo, eso lo debemos evitar aquí”, subrayó.
El querellante adhesivo es una figura jurídica que la CICIH podría utilizar para acompañar al Ministerio Público en las acusaciones que realice contra redes de corrupción, remarcó.
La idea de algunos sectores es que la CICIH acompañe a la fiscalía en las audiencias y pueda presentar argumentos como ya lo hace el fiscal o el procurador.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó al gobierno que la CICIH pueda investigar de manera independiente y sea un acusador privado, no obstante, el gobierno de Xiomara Castro no estuvo de acuerdo.
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