Radio América. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), muestra su postura ante la publicación en el diario oficial «La Gaceta» de fecha 06 de noviembre de 2020 con decreto ejecutivo No. PCM-1 1 1-2020 que establece la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Transparencia.
Comunican que después de hacer las valoraciones legales concluyeron que la nueva Secretaría es contraria a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, artículo 3 párrafo segundo que reza: «No deben crearse nuevos organismos de la Administración Central o instituciones descentralizadas que impliquen duplicación de otros ya existentes, si coetáneamente no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. »
A su vez, consideran que la misma no abona al fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción y fomento de la transparencia , y que por el contrario, lo que hace es debilitar la institucionalidad ya existente al dispersar las funciones y obligaciones en esa materia.
Por lo tanto, aseguran que como representantes del sector privado hondureño, no participaran en la integración del Consejo Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas que se crea en el articulo 10 del PCM-1 1 1-2020.
En su comunicado citan que Honduras hoy demanda un Gobierno delgado y ágil, que ayude a solucionar los problemas de la población afectada en estos momentos por la pandemia de la COVID-19 y la tormenta tropical Eta, por lo que no se debe generar mayor burocracia en un país pequeño pobre, por lo que los recursos de esta nueva institución deben ser destinados a reactivar la economía de los hondureños.
El Cohep recuerda al Estado que ya cuenta con institucionalidad suficiente y con competencia específica para garantizar la transparencia , probidad e integridad y prevención a la corrupción, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
En tal sentido, reiteran que esta nueva Secretaria de Estado en el Despacho de Transparencia duplica las funciones establecidas en los decretos legislativos que regulan el funcionamiento de otros órganos de Gobierno.