(EFE).- Al menos nueve presuntos sicarios han sido detenidos por las fuerzas de seguridad de Guatemala por su presunta vinculación con el asesinato de nueve policías el domingo en ataques coordinados atribuidos a las pandillas, según informaron este lunes diversas fuentes oficiales.
La Policía Nacional Civil informó que las capturas se registraron durante la tarde y noche del domingo en diversos puntos de la capital del país centroamericano.
El director de la policía, David Custodio Boteo, aseguró este lunes que en el allanamiento a uno de los presuntos pandilleros arrestados se encontró un teléfono celular donde se detallaban los planes para atacar a las fuerzas de seguridad.
El gobierno de los Estados Unidos condena la violencia perpetrada por organizaciones terroristas contra agentes de la Policía Nacional Civil y en las prisiones en Guatemala. Estos terroristas, quienes cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en nuestro hemisferio.…
— US Embassy Guatemala (@usembassyguate) January 19, 2026
«Tenía la planificación operativa de uno de los hechos», relató esta mañana Custodio Boteo.
Uno de los detenidos ha sido identificado como Yeraldo Salguero Morales, de 19 años, presunto miembro de la pandilla Barrio 18, a quien las autoridades señalan como el responsable de asesinar a dos agentes de la policía en el sur de la Ciudad de Guatemala, en una de las avenidas más transitadas de la urbe.
Los nueve policías fueron asesinados el domingo por presuntos pandilleros en represalia después de que las autoridades retomaran el control de tres cárceles que registraron motines el sábado.
Los agentes asesinados son José Efraín Revolorio (25 años), Luis Zetino Pérez (30), Iván López García (33), Giovanni Darío Tecún (46), Claudia Muñoz Ramos (28), Samuel Matul Obispo (30), Fernando Batres Ordóñez (34), Diana Chávez Alarcón (28) y William Medrano Pernillo (26).
Debido a la ola de violencia, el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, declaró el domingo por la noche un estado de sitio que se extenderá por 30 días y que permite a las autoridades hacer arrestos sin orden judicial.
El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha viven una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de las estructuras criminales a una cárcel de alta seguridad denominada ‘Renovación I’ y les cesaron sus privilegios habilitados en Administraciones anteriores.
