Radio América. La coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), María Luisa García, informó que se realizó el monitoreo de precios de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, durante el período comprendido entre el 26 de junio y el 3 de julio de 2026.
En el análisis comparativo de junio de 2025 al mismo mes de 2026 se vio reflejado un aumento de 800 lempiras en los 30 productos que componen la canasta básica alimentaria, situación que repercute en la economía de los hogares más vulnerables.
«Muy bien lo dice el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) que solamente el 22% de la población hondureña tiene ingreso mensual que le permite comprar los alimentos de su hogar. Sin embargo, el 78% es vulnerable en adquirir los alimentos, porque si bien es cierto que hay muchos factores para que suban los víveres en el país, pero esta población cae en inseguridad alimentaria y nutricional», apuntó la entrevistada.
En ese contexto el OBSAN-UNAH refleja que 1.8 millones de compatriotas viven en inseguridad alimentaria y nutricional.
Además indicó que tienen la proyección de que al cierre de este 2026 la cifra alcanzará los 2.2 millones de personas con problemas de seguridad alimentaria, debido que 10 de los 18 departamentos de país, desde tiempo atrás, presentan crisis alimentaria prolongada de acuerdo a lo que revela la fase tres del estudio.
La titular del Observatorio señaló que con el alza del precio de los alimentos y más los efectos de la sequía causada por el fenómeno de «El Niño», incrementará el costo de los productos por la pérdida de la cosecha de primera de maíz y frijol en el sur del país.
García, también informó que la semana anterior el frijol rojo y rosado incrementó 300 lempiras la carga y el negro 150 aumentos que finalmente se trasladan al consumidor final.
Si bien es cierto que el gobierno actual ha implementado algunas acciones en 75 municipios declarados en emergencia, no obstante, la experta en el tema consideró importante revisar las estrategias, porque existen políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional en el país,
«Ya que el problema de la inseguridad alimentaria es estructural por ende se debe tratar de esa manera como tal, tanto el gobierno central, las 298 municipalidades y la institucionalidad tienen que unir esfuerzos y financiamientos como la cooperación internacional que apoya el flagelo, por lo que se tiene que buscar estrategias que incidan en la población vulnerable», sugirió.
Aunque no es malo darle alimentación a los 75 municipios en emergencia, sin embargo, la entrevistada cree que las medidas deben ser estructurales y sostenibles en el tiempo y también es importante fortalecer y tecnificar el agro mediante la entrega a los productores de semillas resilientes a la sequía, así como la revisión de préstamos a tasas accesibles, entre otras acciones.
Para más información sobre el comportamiento de los precios y sus tendencias históricas, visite el sitio web del OBSAN. https://obsan.unah.edu.hn/dashboard-san/pilar-acceso/canasta-basica-alimentaria-y-salario-minimo/#
Respecto al mismo tema el coordinador de la Organización Artículo 19, Darwin Ponce, dijo que coincide con el análisis OBSAN-UNAH en cuanto a la canasta básica ya que de enero a junio del presente año, la misma pasó de 14, 500 hasta los 16 mil lempiras incluyendo los 30 productos que el Estado establece.
No obstante el entrevistado indicó que la canasta básica es de 272 productos, por lo que los 30 establecidos no reflejan la realidad ya que es la más alta en la región.
A pesar de que Honduras es rico en la producción de granos, verduras y hortalizas entre otras, Ponce señaló que las importaciones de productos por ejemplo desde Guatemala son «incontrolables» y también el trasiego desde Nicaragua y de El Salvador a Honduras y viceversa.
«Creo que los mercados están controlados por mafias enorme que determinan los precios ya que no se tocan los hígados al momento de incrementar los precios de manera indiscriminada, porque saben que el Gobierno no tiene capacidad de vigilancia y menos de coercitividad para poner al menos 30 o 40 personas tras las rejas cuando se les descubra que hacen triquiñuelas o trampas con la producción nacional», cuestionó Ponce.
Información: Yolanda Maradiaga
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