San Salvador, 24 nov (EFE). – Un grupo de seis organizaciones de la sociedad civil trabajan en un protocolo para proteger a defensores de derechos humanos y activistas trans de El Salvador, Guatemala y Honduras, países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica.
Representantes de las organizaciones informaron en San Salvador este jueves que el documento denominado «Protocolo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Activistas Trans en el Norte de Centroamérica» está en la etapa de edición y es producto de un trabajo conjunto en un período de tres meses.
La iniciativa surge por la falta de legislación que reconozca la identidad de género de las personas trans o que proteja la vida y la integridad de estas y porque las personas defensoras de DDHH son las que sufren mayores vulneraciones a sus derechos, indicaron en una conferencia de prensa.
«Este protocolo marca un antes y un después en la materia, porque no existía ninguna herramienta que abordara específicamente la forma cómo se vive el ejercicio de defender derechos humanos desde las diferentes orientaciones sexuales, expresiones de género e identidades sexuales», apuntó la activista trans-Amalia Leiva, del Área de Inclusión Social de la organización Cristosal.
Indicó que a su vez «este protocolo llama al Estado salvadoreño a dejar de criminalizar la labor de la defensa de derechos humanos de personas trans».
En el documento se establece un aparato descriptivo de las principales vulneraciones de derechos a la población trans en El Salvador, Guatemala y Honduras, se analiza los marcos normativos en materia de ley de identidad de género y protección a la labor de defensa de derechos humanos en la región.
Además, se describen los marcos de protección, aspectos físicos y digitales a tener en cuenta para la protección de los defensores y activistas trans.
En El Salvador, Guatemala y Honduras hay registros de casos de agresiones a personas trans que practican el activismo y la defensa de derechos humanos, incluso desde los cuerpos de seguridad del Estado, por ello dicho protocolo propone una guía básica de qué hacer en casos de agresiones o violencia, agregaron. EFE
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