Radio América. La socióloga hondureña, Julieta Castellanos, en el marco de los señalamiento de irregularidad en las compras del Estado durante la emergencia por COVID-19, ha manifestado este miércoles que los veedores en Honduras no han estado haciendo “nada efectivo” para impedir la corrupción en el Gobierno.
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma ha cuestionado a la vez el trabajo de los organismos veedores en su contribución para que la transparencia sea un ejercicio en las compras del Estado.
En esa línea Castellanos ha destacado elementos de suma importancia que estarían siendo parte de una trama comparada únicamente con “el crimen organizado”.
Para Castellanos los Decretos Ejecutivos conocidos como “PCM” estarían dando vía libre para que los corruptos hagan ofertas por encima de los precios de mercado.
“Los PCM estarían habilitando a comprar por encima de los precios de mercado”, reiteró la exfuncionaria.
“Cuando se publica un Decreto Ejecutivo en el que se le pone precio a una mascarilla sabiendo que el precio de mercado está a 47 o 60 lempiras y se le pone un precio de L90, entonces se le está mandando un mensaje a los vendedores para elevar al máximo el precio”, ejemplificó.
“Yo creo que esta trama hay que desentrañarlas para saber realmente dónde se origina la corrupción en el país”, agregó.
En consecuencia, Castellanos ve la necesidad jurídica de revisar todas esas prácticas en las que los veedores únicamente han sabido dar el amén.
En su radiografía de análisis Castellanos se ha repreguntado el porqué el Consejo de Ministros estaría autorizando compras sobre un producto que ya se encontraba en existencia en el país.
En cuanto al tema de resguardo del interés público la exrectora mencionó diciendo que la adquisición de bienes al mayor precio posible “es un descaro”. “Eso es robar al Estado e indigna”, dijo.
“Ojalá el Ministerio Público a estos gestores los traten como crimen organizado por hacer las cosas tratando de aparentar transparencia”, apuntó sin acomodamientos.
En ese sentido considera que la deducción de responsabilidades debería comenzar con una investigación lo más pronto posible.
“Se deberían investigar a empresarios -implicados en estos hechos- que no tienen escrúpulos y que en realidad son delincuentes como lo son los mareros”, objetó.
Para Castellanos “es una tragedia” en medio de una emergencia la existencia de una conducción política basada en principios “deplorables” y “pocos solidarios”.
“Es despreciable alguien que hace esto en nombre de un cargo y una función que desempeña”, fustigó la entrevistada.
Lea además:
