Organizaciones de derechos humanos solicitaron formalmente este lunes a un juzgado de El Salvador agilizar el proceso penal contra militares por el asesinato de san Óscar Arnulfo Romero (1980), reabierto hace más ocho años, para que pase a juicio, al cumplirse 45 años de su muerte.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador dictó en mayo de 2017 la reapertura de la causa por el homicidio de monseñor Romero y en octubre de 2018 ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una nueva investigación.
El abogado Alejandro Díaz, miembro de la organización Tutela Legal ‘María Julia Hernández’, denunció «el estancamiento del proceso, la falta de investigación y diligencias útiles en el caso».
Romero fue asesinado por un francotirador el 24 de marzo de 1980 cuando oficiaba una ceremonia religiosa en la pequeña capilla del hospital de cáncer La Divina Providencia, en San Salvador.
El Informe de la Comisión de la Verdad de la ONU de 1993 señaló como el responsable de dar la orden de asesinar a Romero al mayor Roberto D’Aubuisson, fundador de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), partido con el que fue diputado y candidato presidencial.
Dicho documento también apuntó que en la planificación y ejecución del asesinato participaron los capitanes del Ejército salvadoreño Álvaro Saravia y Eduardo Ávila, así como Fernando Sagrera y Mario Molina, entre otros.
«Hoy, a 45 años del asesinato de monseñor Romero, estamos solicitando (a través de un escrito) al tribunal que el caso pase a otra etapa, que sea elevado a plenaria (juicio), ya que consideramos que hay suficiente documentación y que el proceso está suficientemente depurado contra el capitán Álvaro Saravia y los demás señalados», señaló el abogado.
También denunció «el estancamiento de las investigaciones de la Fiscalía, ya que en octubre de 2018 el tribunal le ordenó seguir investigando a los demás implicados, a los demás autores intelectuales y materiales».
«Lamentablemente, la Fiscalía no ha hecho nada en estos últimos años y no conocemos información, no se ha dado ningún tipo de respuesta sobre a quiénes se está investigando, qué investigaciones ha realizado», añadió.
La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 2016 permitió la reapertura de este caso, de los procesos por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y de seis sacerdotes jesuitas (1989), aunque con avances lentos y sin resoluciones aún.
Romero fue canonizado en Roma el 14 de octubre de 2018 ante miles de personas, después de que el papa Francisco firmara meses antes un decreto que reconoce el milagro atribuido al religioso.
El santo salvadoreño ya había sido beatificado en mayo de 2015 en una multitudinaria misa en San Salvador.EFE
