Tegucigalpa, 11 feb (EFE).- La Comisión para la depuración de la Policía Nacional de Honduras pidió este martes respetar el estado de inocencia y el debido proceso que tiene el jefe de Recursos Humanos del organismo de seguridad, comisionado general Leonel Sauceda, quien está detenido por supuesto lavado de activos.
Sauceda, quien en enero fue ascendido al alto grado de comisionado general de la Policía Nacional, fue capturado hoy en su casa en la capital hondureña, junto a su esposa, Patricia Estrada, en una operación de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
La esposa de Sauceda, quien según el Ministerio Público, no tenía empleo, negocio o préstamo para generar algún ingreso, no pudo justificar 2,7 millones de lempiras (108.783 dólares), luego de varios movimientos financieros de 7 millones de lempiras (282.030 dólares) en diez cuentas bancarias a su nombre, sin determinar el origen del dinero.
La Comisión depuradora indicó en un comunicado que es «facultad» del Ministerio Público investigar y dar persecución a los indicios de supuesta comisión de delitos, pero espera que «se respete el estado de inocencia y el debido proceso» a Sauceda, quien ingreso a la Policía Nacional el 22 de enero de 1992.
El Ministerio Público de Honduras indicó en un comunicado que Sauceda no ha podido justificar, en un período de once años, 13,8 millones de lempiras (unos 556.000 dólares), registrados en 13 cuentas bancarias a nombre suyo.
Nombrada en abril de 2016 por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, la Comisión señaló que verificó el procedimiento aplicado a los oficiales de la Policía hondureña, entre ellos Sauceda, recién ascendidos.
Todos los oficiales ascendidos fueron sometidos «a varios filtros de evaluación» por el comité selector de la institución policial, así como por la comisión depuradora.
También fue evaluada «su idoneidad, conducta y desempeño» a través de la aplicación de pruebas de confianza toxicológicas, poligráficas y sicométricas, además de los exámenes médicos y pruebas físicas.
La Comisión para la depuración de la Policía hondureña indicó que además se solicitó información sobre los oficiales a unidades de control disciplinario e inspectoría general de la institución de seguridad, así como al Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre otros entes contralores del Estado.
«Una vez concluido el procedimiento de ley se constató que ninguno de los aspirantes a ascenso tenía sanciones disciplinarias, juicios en curso o reparos en firme que imposibilitaran el ascenso respectivo», enfatizó.
Más de 5.000 agentes, incluidos seis generales, han salido de las filas de la Policía de Honduras desde 2016 como parte de un proceso de depuración en la institución, salpicada por casos de homicidios, narcotráfico y otros delitos.
En teoría, la depuración de la Policía se inició en 2011, pero en la práctica no se había ejecutado por falta de voluntad política, según la opinión de diversos sectores. EFE
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