Por Edmundo Orellana: En la democracia el poder se ejerce en público, sentencia Bobbio. No hay democracia cuando se actúa desde la sombra o se esconden las actuaciones.
Desde la revolución francesa surge la idea de que los temas atinentes al Estado no son privados ni son patrimonio de alguien en particular. Son temas que conciernen al pueblo y, por consiguiente, este debe estar debidamente informado de los procesos y de las decisiones estatales.
El sistema político cuyas decisiones son adoptadas en compartimentos secretos y no son comunicadas al público o lo son parcialmente, no es democrático. No lo es porque excede los límites impuestos para impedir las arbitrariedades y para evitar que un grupo se arrogue, en beneficio suyo, facultades por sobre los demás.
Decisiones cuyo proceso de elaboración exija secreto absoluto, las hay. Este es el caso de la delimitación fronteriza en el Golfo de Fonseca con Nicaragua, recientemente adoptada. Pero son casos excepcionales. No se justifica, sin embargo, el secreto en la adopción de otras decisiones, como las razones por las cuales se privatizan servicios públicos, como la salud, por ejemplo. La causa es, sin duda, el interés de determinados grupos de poder económico para quienes todo es mercancía; de ahí, que encontremos bancos como propietarios de hospitales, cuya relación con los pacientes se explica mediante la ecuación acreedor-deudor.
La ENEE estaba privatizada antes de que se emitieran esas leyes vergonzosas por las que entregan a los empresarios la producción, la distribución y la comercialización, porque las empresas que suministran energía (térmicas, etc.) son las verdaderas propietarias de esa institución estatal por la deuda impagable que esta tiene con ellas y que representa, según los expertos, un agujero negro en nuestra finanzas públicas, que el FMI insiste en señalar, ante la tozudez de nuestros gobernantes, como causa principal de nuestra insolvencia. ¿Por qué se renunció a construir hidroeléctricas? Otra decisión que favorece a grupos de poder económico en perjuicio del pueblo hondureño.
Privatizaron los servicios portuarios tornándolos tan onerosos que muchos prefieren que sus productos lleguen por Puerto Barrios en lugar de Puerto Cortés.
HONDUTEL es otro ejemplo de perversidad en el manejo de la cosa pública. Debió crecer cuando el celular se convirtió en el principal medio de comunicación y la web en un surtidor de redes sociales en las que participan millones de usuarios, porque el sistema de telecomunicaciones es su patrimonio; sin embargo, la privatización la convirtió en lo que es hoy, un espectro de lo que fue. Otra vez, se impusieron sectores de la empresa privada interesados en convertir los servicios públicos en mercancías.
Cohdefor, otro ejemplo de perversidad suprema. Antes de esta Honduras era el país de los bosques, después de ella se convirtió en el país de los “cerros pelones”. De nuevo, empresarios voraces talaron nuestros bosques y destruyeron nuestras cuencas, nuestros ríos y dañaron nuestra biodiversidad.
No es culpa, por supuesto, de los empresarios. La responsabilidad es de los funcionarios y políticos corruptos que tomaron las decisiones para que esos empresarios se enriquecieran a costa de nuestros servicios públicos y nuestros recursos naturales.
Ocurrió ayer y sigue ocurriendo. En palabras del erudito Ronald Syme: “En todas las edades, cualquiera que sea la forma y el nombre del gobierno, sea monarquía, república o democracia, detrás de la fachada se oculta una oligarquía”.
Ese poder no es visible al público, pero es el verdadero poder. En palabras de Bobbio “cuanto más permanece escondido de la mirada indiscreta del vulgo, cuanto más es, al igual que el poder de Dios, invisible”, y deriva “del desprecio por el vulgo, considerado como objeto pasivo y como la bestia salvaje que debe ser domesticada…”.
Y sigue acechándonos, manifestándose en diversas formas que disimulan la enorme red de corrupción que abraza todo el Estado y sus relaciones. Si el nuevo gobierno es de la oposición, ¿tendrá los arrestos para combatirla? Aunque los tenga, no podrá ni identificarla si no cuenta con aliados fundamentales en todo el estamento estatal, esto es, con magistrados y con fiscales idóneos. Para tenerlos necesita de diputados confiables y estos solamente puede obsequiarlos el voto independiente, seleccionando a los mejores dentro de la plancha que el voto duro coloque en posición de partida.
Si el voto independiente vota masivamente por los confiables, seguramente llegarán y evitará que los indeseables, impulsados por la plancha, lleguen, primer paso para lograr un Congreso que rescate la República y el país. Si vota por los mismos, continuará en vigor el sistema de corrupción e impunidad. Para que el independiente vote por los confiables, asegurando el renacer de la República, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!
Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
