Radio América. Un grupo de agentes asignados a la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (antes Cobras) continúan este miércoles en paro de labores en la capital.
En un pronunciamiento esta mañana tras varias horas de expectativa por su decisión, los elementos se pronunciaron ante los medios de comunicación manifestando que su paro no se basa en acciones “políticas ni salariales” sino a violaciones a sus derechos humanos.
“Expresamos nuestro malestar y descontento ante el Gobierno por la presente crisis y hacemos del conocimiento general que nuestra insatisfacción no es de carácter económico”.
Paro no es por política ni salarios
En el comunicado emitido en el segundo inciso señalan que se encuentran de manera particular al interno de la Policía Nacional “sufriendo constantes violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales de parte de los altos mandos en detrimento de la escala básica”.
En ese sentido los agentes de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) argumentan que por la actual situación sociopolítica del país sufren una “sobrecarga laboral” a exigencia de los jefes inmediatos superiores.
Destacan que han sido violentadas y burladas las mediaciones de organismos de derechos humanos en la crisis de 2017 cuando en el mes de diciembre se firmó un acta de compromiso con las autoridades de la Secretaría de Seguridad contemplando en aquella ocasión seis puntos surgidos del paro de «brazos caídos» durante el conflicto postelectoral.
Pliego de peticiones
Entre los acuerdos, señalan, estaban el no ejercer ningún tipo de represalias en contra de los agentes que fungieron como voceros de ese movimiento, sin embargo muchos de ellos habrían sido despedidos de manera arbitraria. Por lo que exigen el reintegro de los mismos.
Los policías huelguistas se quejan de la falta de mejoras en los seguros de vida, señalando que en la mayoría de casos sus compañeros «se quedan sin ninguna protección» al ser postergados a realizar actividades en bodegas cuando son víctimas de lesiones graves o incapacidades.
“Deben garantizar beneficios que cubran en caso de fallecimiento para la protección de nuestros hijos”, agregan.
En consecuencia manifiestan que durante el desempeño de sus labores sufren situaciones que los involucran en hechos de legítima defensa sintiéndose en varios casos en “abandono”. “Lo que recibimos de manera inmediata es el despido sin esperar que seamos vencidos en juicio”, denuncian.
Respeto al acuerdo de 2017
En el sexto inciso los agentes ponen de manifiesto que su estabilidad laboral se ha visto dañada desde la puesta en vigencia del ente depurador, pues consideran que con solo el hecho de salir de la institución se les califica como personas “sin méritos morales” para laborar en otras empresas del país.
En su extensa lista de peticiones señalan que debería considerarseles vacaciones tipo profilácticas para evitar el deterioro de su salud física y emocional. Además piden amplitud para poder continuar con sus estudios superiores.
En los puntos 11 y 14 se exige una auditoría forense a los fondos de la “Tasa de Seguridad” y se pide derogar el decreto de la Ley Orgánica de la Policía que eliminó a la unidad especial “Cobras”, entre otros aspectos.
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