Radio América. El diputado Jari Dixon y el abogado Mario Sorto presentaron este martes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 107-2021 que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del gobierno.
El también abogado Jari Dixon dijo que el motivo de tal acción es porque estos beneficios no le corresponden a tales funcionarios.
“No podemos pagar prestaciones a personas que estuvieron 12 años gozando del poder, que sabían perfectamente que no tenían derecho a prestaciones laborales y ahora saliendo del gobierno quieren cobrar prestaciones cuando a miles de hondureños no se les pagan porque ellos mismos aprobaron el trabajo por hora violentando los derechos laborales de las personas”, cuestionó Dixon.
Sin embargo, el exfiscal afirmó que va a hacer todo lo que esté a su alcance para que estas personas no se salgan con la suya.
Según Dixon, se está violentando la Constitución de la República porque están poniendo en precario otros derechos humanos afectando el presupuesto del nuevo gobierno que tomará posesión el próximo 27 de enero.
Aseguró que van a luchar para revertir esta disposición, que interpondrán todas las acciones legales para evitar que se otorguen estos pagos a funcionarios de confianza.
Según los cálculos hechos por miembros de Libertad y Refundación (Libre), unos 6 mil millones de lempiras va a erogar el Estado para el pago de prestaciones a altos funcionarios.
Por su parte, el abogado Mario Sorto, dijo que esperan que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie rápidamente.
“Nosotros haremos las acciones legales correspondientes, pero la CSJ tiene que ser un ente independiente y pronunciarse contra las ilegalidades que comete el Ejecutivo”, apuntó.
Con información de Estela Rovelo
