VOA NOTICIAS – Las recientes denuncias que vinculan al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, con actividades de narcotráfico y corrupción condicionan las relaciones que la administración del presidente Joe Biden impulsa con los países del Triángulo Norte y podrían afectar la ayuda ofrecida por Estados Unidos para mejorar las condiciones sociales de los habitantes de los países de Centroamérica y frenar la migración ilegal afirman expertos.
De hecho, la Casa Blanca ha señalado que la estrategia de EE.UU. contra corrupción en Centroamérica será clave para política inmigratoria. Para Adam Isacson, director del Programa de vigilancia de seguridad de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington (WOLA por sus siglas en inglés) “éste es un momento bastante grave”.
En entrevista en el programa Foro de la Voz de América, Isacson dijo que aún cuando el presidente Hernández de Honduras ha sido relacionado con actividades de narcotráfico y crimen organizado “… Yo todavía no veo una posición unificada. (…) La semana pasada el Departamento de Estado hizo un informe diciendo que Honduras es un buen socio en la lucha antidrogas y que, si bien tiene problemas de corrupción, pero está trabajando… y no menciona al presidente Hernández. Entonces no los veo, en este momento, hablando con una misma voz”.
En todo momento, tanto en Twitter como en persona, el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, ha rechazado las acusaciones sobre presuntos nexos con el narcotráfico y la corrupción, asegurando que los criminales y narcotraficantes encontraron la “llave mágica” haciendo referencia al proceso que se sigue en la fiscalía de Nueva York, enfatizando que “nadie involucrado con el narcotráfico lucharía por aprobar la extradición”.
Mientras, Honduras celebra unas primarias presidenciales marcadas por denuncias de narcotráfico al tiempo que el gobierno asegura todo el apoyo a los organismos electorales y garantiza que el proceso se desarrolle en armonía, paz y tranquilidad.
¿Qué pasará con la ayuda económica?
En su intento por detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, la administración Biden ha señalado un plan de asistencia económica para Honduras, Guatemala y El Salvador, con el fin de apoyar programas de asistencia social, seguridad, empleo y oportunidades para los habitantes de estos países y así atacar lo que el gobierno estadounidense califica como “las causas primarias de la migración”.
Pero, ¿Qué pasaría con este apoyo económico ahora que el mandatario de Honduras está bajo la lupa?
“Lo que va a pasar con la ayuda es que un mínimo de esa ayuda va a los estados, especialmente partes de los estados que no están directamente bajo el mando de los presidentes. Mucho iría a la sociedad civil, a los sistemas de justicia que son ramas aparte del gobierno; pero lo que va directamente al Gobierno va a ser bastante mínimo”, comenta Adam Isacson.
El Salvador: un reto
Para el experto de WOLA, las relaciones de la actual Casa Blanca con el gobierno de El Salvador pueden representar un reto para el presidente Joe Biden. Considera Adam Isacson que el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, “es populista… pero ¡es popular!” utilizando como base de su argumento el más reciente triunfo de su partido en las pasadas elecciones. El presidente Nayib Bukele ha insistido en que la “inseguridad” es la principal causa de la migración en El Salvador, algo que la Casa Blanca también se ha propuesto atacar.
“Va a haber bastante desconfianza con Bukele, ya la hay… después del 9 de febrero del año pasado, después de las fotos de los pandilleros desnudos y todo eso… hay un cierto recelo – comenta Isacson – ¿Qué van a hacer? Probablemente vamos a seguir viendo una continuación de ayudas a partes del gobierno que no son tan cercanas a Bukele, pero que apoyan a sus objetivos generales como son las unidades especiales de las Fuerzas Armadas, el sistema penitenciario… pero también, programas de desarrollo rural, por ejemplo”. De acuerdo a Isacson, con El Salvador la ayuda de Washington irá más a las organizaciones “reformistas” que puedan, sobre todo, garantizar la independencia judicial.
